Tras ser totalmente absuelta de la serie de delitos que le imputaron desde el 2023 hasta el 2025, la exjueza Angélica Sánchez Hernández informó que iniciará los procedimientos legales para ser indemnizada por el gobierno de Veracruz.
Sánchez Hernández, quien fuera encarcelada durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, indicó que, junto con su equipo legal, prepara la reclamación formal para exigir una indemnización por los daños laborales, patrimoniales y personales derivados de la persecución judicial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Señala a exfiscal y exgobernador como responsables
La exjuzgadora, cuya no vinculación a proceso fue dictada por un juez de control en cumplimiento de un amparo federal ratificado por un tribunal colegiado, adelantó que recurrirá a la vía administrativa para solicitar el resarcimiento, amparada en un criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 21 de enero.
Aunque señaló directamente a la exfiscal Verónica Hernández Giadáns y al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez como responsables políticos de su detención en 2023, reconoció que la compensación, de proceder, será cubierta con recursos públicos. "No se los van a cobrar a ellos de su bolsillo". Será el Estado de Veracruz".
Buscará que se le retribuya la interrupción de su carrera judicial, la afectación a su jubilación, los gastos de defensa y el daño moral.
De acuerdo con el precedente del amparo directo 21/2024 de la SCJN, una absolución penal no otorga por sí misma derecho a indemnización. La defensa de Sánchez Hernández deberá demostrar que el Ministerio Público actuó de forma irregular y fuera de los márgenes legales al integrar carpetas que resultaron equivocadas.
El inicio de la pugna contra la exjueza y sus consecuencias en la actualidad
La pugna inició cuando, como jueza, ordenó la libertad de Itiel 'N', alias Compa Playa, extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, argumentando que actuaba en cumplimiento de un mandato federal.
La Fiscalía local consideró la acción como delito, iniciando una batalla legal que concluyó con fallos federales a favor de la exjueza.
Pese a estar absuelta en lo penal, aún enfrenta secuelas administrativas: dos suspensiones de órganos de disciplina judicial, una inhabilitación de tres meses que concluye en marzo de este año y una inhabilitación por cinco años dictada por el Consejo de la Judicatura, vigente hasta el 13 de marzo de 2029.
Estas sanciones frenan por ahora su reincorporación al Poder Judicial por la vía de elección popular, aunque contempla postularse en los comicios judiciales de 2028, si los amparos que promovió contra dichas sanciones le favorecen.
La exjueza criticó el funcionamiento interno del Poder Judicial de Veracruz y denunció presiones sistemáticas contra juzgadores.
Aseguró que emisarios de áreas administrativas y jurídicas acuden a los juzgados para "dar línea" y amedrentar, evitando llamadas para no dejar registro, y que el personal labora bajo contratos trimestrales usados como mecanismo de coerción.
"Si haces una resolución que no nos agrada, ya simplemente no te renovamos el contrato", afirmó.
"Ya están totalmente controlados los jueces aquí. La plenitud de jurisdicción solamente quedó en el papel".
Ello la lleva a priorizar la vía de la indemnización sobre el regreso al juzgado.
AH