La condena de 60 años de prisión impuesta a 26 personas por los homicidios relacionados con ataques a estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala, no representa justicia completa para la familia de Julio César Mondragón Fontes, debido a que la resolución judicial dejó fuera la tortura que sufrió el normalista antes de morir.
A través de un pronunciamiento difundido por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, los familiares señalaron que la sentencia emitida el 10 de noviembre reconoce la responsabilidad penal por los asesinatos, pero omite sancionar las agresiones físicas que sufrió Julio César, cuyo cuerpo fue localizado el 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
La familia cuestionó que el juzgador calificara el homicidio del estudiante únicamente con las agravantes de ventaja y alevosía, sin incorporar la crueldad con la que fue cometido. Esas mismas fueron aplicadas a los asesinatos de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes murieron por impactos de arma de fuego.
De acuerdo con los familiares, la legislación penal de Guerrero contempla agravantes relacionadas con la crueldad en la comisión de homicidios; sin embargo, estas no fueron consideradas en el fallo. Además, señalaron que ninguna persona fue procesada ni sentenciada específicamente por el delito de tortura contra Mondragón Fontes.
Como parte de sus argumentos, recordaron que las lesiones del normalista quedaron documentadas en investigaciones forenses. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó en 2016 que presentaba 64 fracturas en 40 huesos de distintas partes del cuerpo, entre ellos el cráneo, rostro, tórax y columna vertebral.
La resolución judicial, correspondiente a la causa penal 4/2018 y sus acumuladas, impuso penas de 60 años de cárcel a 26 personas por los homicidios cometidos durante los ataques de septiembre de 2014, así como por tentativas de homicidio contra otros estudiantes.
Entre los señalados, se encuentran el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y el exsecretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores Velázquez.
Ante lo que consideran una resolución incompleta, los familiares solicitaron que la Fiscalía General de la República investigue de manera específica la tortura, retome los dictámenes periciales y determine quiénes participaron en las agresiones contra el estudiante.
También demandaron que las omisiones sean revisadas durante una eventual impugnación de la sentencia, pues consideran que castigar el homicidio sin juzgar la tortura deja sin esclarecer una parte fundamental de lo ocurrido.
A 12 años de los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa, la familia de Julio César Mondragón sostiene que la condena de los responsables no debe cerrar el caso mientras la violencia ejercida contra el joven estudiante permanezca sin una sanción judicial.
Por ello, la familia de Julio César y la RSDCIAC exigen que la FGR investigue el caso de Julio César como tortura, con los dictámenes forenses que ya existen, y lleve a juicio a quienes la cometieron, ordenaron o permitieron.
Además, demandan que haga valer, en segunda instancia, todo lo que la sentencia dejó sin resolver respecto al caso de Julio César y que la reparación del daño reconozca la tortura y sea integral para su familia, así como que ninguna autoridad lo dé por cerrado.
EHR
