La Fiscalía General de la República (FGR) hizo llegar este jueves un oficio a los 10 testigos que declararon ante el Ministerio Público Federal en contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y el ex fiscal estatal, Edgar Veytia, donde piden su autorización para protegerlos.
Esto sucede luego de que MILENIO publicara el miércoles por la noche que a partir de que el pasado 16 de diciembre del año 2020 un grupo de testigos narraron cómo fueron secuestrados y torturados durante el periodo del ex gobernador habían comenzado a sufrir represalias que incluían la fabricación de delitos y quema de negocios de comerciantes.
Tal fue el caso de Don Agustín Magallanes un hombre que fue secuestrado en 2013 por Edgar Veytia y quien después de torturarlo a él y sus hijos lo despojó de un terreno y dinero en efectivo.
Él fue uno de los 10 que fueron a testificar en contra de estos ex funcionarios a finales del año pasado. Este lunes su pequeño restaurante que apenas iba a inaugurar en la carretera que va de Tepic a Puerto Vallarta fue quemado: “Fue provocado le dijeron los bomberos”.
El oficio se originó en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y va dirigida a los testigos. En dos documentos a los que MILENIO tuvo acceso se lee lo siguiente.
“C. Rodrigo González Barrios con el gusto de saludarlo me permito reiterar a usted el ofrecimiento que se hiciera vía telefónica respecto a otorgarles medidas de protección. Es necesario contar con su consentimiento a efecto de que esta representación social de la federación realice las gestiones pertinentes para proveerle de seguridad y protección”, dice el documento dirigido al presidente del Comité de la Verdad de Nayarit y al abogado de la misma Juan Fonseca.
Por otra parte, el mismo González reveló que el día viernes fueron citados a una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación, quienes atenderán el caso que fue expuesto por este medio pero también en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Quien a pregunta expresa de la periodista Meme Yamel sobre el reportaje publicado aseguró que era su responsabilidad proteger a los 10 testigos del 16 de diciembre del año 2020.
Resaltó la importancia de hacer público el caso para que los dejen de hostigar: “cuando un asunto de esta naturaleza se hace público hay cierta protección entonces vamos a que la Secretaría de Gobernación actué”, dijo el Presidente.
Los hechos
Desde el pasado 16 de diciembre a Fiscalía local ha girado órdenes de aprehensión en contra los abogados Juan Fonseca hijo y padre de la Comisión, a quienes acusan de haber participado en torturas en contubernio con Veytia y al mismo Rodrigo de ser su cómplice; paradójicamente todos ellos han denunciado desde hace años al ex gobernador y al ex fiscal incluso el presidente de la comisión ha sufrido dos atentados en su contra.
Entre los acusados se encuentra el señor Miguel Coppel un vendedor de autos usados a quien el ex fiscal acusó de secuestro. Tres años después quedó en libertad porque no existían pruebas en su contra. Hoy la nueva Fiscalía lo volvió a aprender.
Esto sucede a pesar de que el pasado 28 de enero las organizaciones Justicia Transicional de México e Idheas lograron que el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgara medidas de protección para los testigos.
La ONU reconoció que personas allegadas a la Comisión de la Verdad han sido objeto de intimidaciones, investigaciones penales y la Fiscalía de Nayarit habría emprendido una persecución.
Es por esto que solicitaron al estado medidas urgentes para proteger a todos aquellos que testificaron.
González Barrios asegura que esto sucede porque aún hay gente infiltrada en la Fiscalía de Nayarit que trabajaba para el Fiscal Edgar Veytia hoy encarcelado en Estados Unidos y sentenciado a 25 años en prisión por protección a cárteles de la droga.
ledz