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FGE de Morelos investigará irregularidades que impidieron el desafuero de Cuauhtémoc Blanco

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud debido a inconsistencias en el caso.

David Monroy
Morelos, México /

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos investigará la conformación e integración de la carpeta de investigación con la que se solicitó el desafuero del ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, debido a que diversas deficiencias e irregularidades en el expediente impidieron continuar con el procedimiento en su contra.

Cuauhtémoc Blanco es acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana. | Diseño: Margarita Salmorán.
Cuauhtémoc Blanco es acusado de violación en grado de tentativa contra su media hermana. | Diseño: Margarita Salmorán.

Luego de que este jueves la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero —expediente legislativo LXVI/HCD/DP/02/2025— presentada por la Fiscalía de Morelos contra Blanco Bravo por inconsistencias en su integración, la dependencia anunció este viernes una revisión del caso y no descartó sanciones contra quienes afectaron el procedimiento penal.

A través de un comunicado, el fiscal general del estado, Edgar Maldonado Ceballos, aseveró que la dependencia que encabeza “entregó toda la información solicitada por los diputados de la Sección Instructora conforme a los procedimientos establecidos”. Sin embargo, precisó que la indagatoria se inició en 2024, cuando la institución estaba bajo el mando de Uriel Carmona Gándara.

“La denuncia que dio origen a la investigación se presentó en octubre de 2024, y la carpeta fue integrada hasta febrero de 2025, cuando el órgano autónomo estaba bajo otra titularidad”, destacó Maldonado Ceballos. No obstante, subrayó que habrá un seguimiento para resarcir lo que en derecho proceda.

El fiscal informó que instruyó a la Visitaduría General y a Asuntos Internos a revisar el caso y, en caso de detectar irregularidades, proceder conforme a la ley, lo que podría derivar en sanciones a servidores públicos.

Finalmente, la FGE señaló que esperará la notificación oficial de los argumentos de la Sección Instructora antes de emitir un pronunciamiento jurídico sobre la resolución legislativa.

MO

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