Gobierno de Puebla deberá pagar más de 640 millones de pesos a empresa constructora

La Ministra Lenia Batres critica el fallo que condena al gobierno estatal a pagar por una obra que no se realizó

Sesión de la SCJN | (Cuartoscuro)
Rubén Mosso
Puebla /

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que obliga al gobierno de Puebla a pagar más de 640 millones de pesos a una empresa constructora que reclamó una indemnización por la modificación del título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del libramiento poniente de la capital de dicha entidad.

Con tres votos a favor y dos en contra, la mayoría de la Sala determinó desechar la revisión del caso, lo que propició que ahora el gobierno estatal esté obligado a pagar a la compañía Melgarejo Construcción y Concesiones, la cual obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009.

De acuerdo con antecedentes, los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años.

No obstante, en junio de 2012 el gobierno de Puebla anunció que retiraría esta concesión debido a la falta de avance en las obras.

Ante esta situación, la constructora solicitó al gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión.

Sin embargo, ante la citada petición, no hubo reacción del gobierno, por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local quien declaró la negativa ficta, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.

Lo anterior, propició que el gobierno de Puebla reaccionara y promoviera un amparo directo, el cual fue sobreseído por un Tribunal Colegiado; posteriormente, interpuso un recurso de revisión que llegó hasta la Corte, pero el pasado 12 de junio fue desechado.

La ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Javier Laynez Potisek fueron los únicos que votaron en contra del desechamiento de la demanda.

La ministra Batres Guadarrama advirtió que este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas ya que impactan los intereses del erario, porque condenan al gobierno estatal que deberá cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó, además de pagar el “monto total de la inversión que realizó para el proyecto libramiento poniente de la ciudad de Puebla, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían”.

CHM

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