Cansados de abusos y robos, no de delincuentes, sino de policías municipales como estatales, jueces de cuartel del Perímetro Lavín y Sacramento, acordaron constituir el programa Vecino Vigilante, a fin de que denuncien a los elementos que entran a las viviendas bajo el argumento de perseguir sospechosos y solo a cometer hurtos.
Lo anterior fue dado a conocer por un grupo de 15 representantes, que fueron acompañados por Armando Navarro, dirigente estatal de Morena, y explicaron que de ello ya tienen conocimiento las autoridades municipales, luego de la reunión que sostuvieron el 3 de julio con el director de Seguridad y Protección Ciudadana, Javier Armando Esparza Pantoja, el síndico Omar Castañeda González; el secretario del Ayuntamiento Abraham Zuriel Rosas Correa y el juez administrativo Regulo Gámez Dávila.
Ahí, explican, se les informó que los ciudadanos de estas comunidades están inconformes con el proceder de los cuerpos de seguridad, particularmente de la Policía Municipal, debido a la serie de anomalías que venían cometiendo en los poblados, donde lejos de poner orden, lo alteraban con estos excesos.
“De ahí que acordamos establecer mediante las redes sociales un programa denominado ‘Ciudadano Vigilante’, en donde denunciaremos los atropellos que cometen los agentes policiacos, sean municipales, estatales o de la Policía Investigadora de Delitos del Estado de Durango”, dijo uno de ello.
Del mismo modo y en acuerdo con estas autoridades, también establecieron el acuerdo de premiar con un reconocimiento a los agentes que sí cumplan con su deber, a los que se les hará una mención pública en redes y por escrito.
Dejaron en claro que en la reunión con los funcionarios la semana pasada prevaleció la concordia y en un ambiente de respeto, en la que los jefes de cuartel tomaron la palabra para denunciar los atracos de que han sido objeto.
“Los excesos policíacos van desde el ingreso a las viviendas sin orden de aprehensión, allanamiento con lujo de violencia, agresión a los moradores, secuestro, extorsión, intimidación con armas de fuego y robo a los trabajadores al salir de sus fuentes de trabajo”, denunció uno de estos.
Explicaron que desde que tomaron esta corporación cualquier pretexto es suficiente para que los policías en la práctica secuestren más que ejercer detenciones, sobre todo de jóvenes, para llevarlos a prisión donde son obligados a pagar multas que van desde los 500 hasta los 3 mil pesos, dependiendo la versión que se les ocurra a los policías, porque es común que su dicho no concuerda con la de los detenidos o de los testigos presenciales.
Sostienen que todo es con un afán recaudatorio, ya que según el informe mensual de la Dirección de Seguridad, entre multas por alcoholemia y de barandilla recaudan al mes un millón 400 mil pesos en promedio.
En consecuencia se observa en la prisión municipal a las madres buscando ayuda para que les hagan una rebaja y suelten a sus familiares. Otras más piden prestado para pagar la multa.
“Hacemos un llamado también a la fiscal general del Estado, Ruth Medina Alemán, para que preste mayor atención a los agentes que dependen de su corporación, ya que por igual secuestran, roban, inventan delitos con la amenaza constante, donde vienen pagando 15 mil pesos o la amenaza de que los lleven a Durango donde tendrán que pagar 50 mil”, les advierten.
Señalan que la impotencia y el hartazgo en que los han sumido los policías de las tres corporaciones, han motivado ejercer el poder ciudadano, la democracia participativa, por lo que como habrán de participar señalando estas anomalías.
AARP