En el Estado de México el 95 por ciento de las grúas y corralones carece de concesión, lo que ha generado un hueco legal que ha sido aprovechado por firmas para operar en la ilegalidad, acusan empresarios del sector autotransporte.
Jorge Mendieta, empresario del sector de autotransporte de la entidad, dijo que ante la falta de regulación hay grupos que se dedican a cobros excesivos, que “obviamente están al margen de la ley”.
Por ello, urgió al gobierno del Estado de México para atender esta problemática en beneficio de los millones de automovilistas y transportistas que diariamente transitan por la entidad.
Afirmó que falta personal para realizar inspecciones y que hay desactualización en las tarifas de arrastre y la intervención de algunos políticos, que "atan de manos al gobierno del Estado de México para poner en orden a las grúas que operan ilegalmente en la entidad y que abusan de los automovilistas mexiqueses".
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Mendienta dijo que, de acuerdo a cifras de tránsito estatal, el "95 por ciento de las grúas y corralones del Edomex carecen de concesión y operan en la ilegalidad, pero es imposible clausurarlos e inmovilizar los vehículos porque entonces nadie realizaría el trabajo de rescate, arrastre y resguardo de automotores siniestrados".
“El gobierno estatal no cuenta con una flotilla de grúas que pueda encargarse de retirar vehículos mal estacionados, que infrinjan el reglamento de tránsito, o que estén relacionados con averiguaciones previas o documentación irregular, por lo que desde hace 35 años se delegó esta función a empresas privadas”, dijo.
Sin embargo, afirmó, funcionarios municipales y diputados locales han aprovechado las lagunas jurídicas para obtener beneficios de la operación irregular de las grúas y corralones, con la justificación de que dan auxilio a conductores cuyos vehículos hayan sufrido alguna falla mecánica en las vialidades de su territorio.
Dijo, que de acuerdo con versiones de algunos policías municipales, los autos que las grúas de algunos municipios arrastran, no son ingresados a un corralón, sino estacionados o abandonados en la vía pública, sin ningún tipo de resguardo ni seguridad para sus propietarios.
Además, de que con frecuencia generan convenios con las compañías de grúas, con lo que “se reparten los recursos por el arrastre, salvamento y, en su caso, almacenaje de los vehículos siniestrados o implicados en alguna violación a la normatividad”.
Otro problema, dijo Mendiete, es que las tarifas de arrastre de las grúas y el resguardo en corralones no han sido actualizadas en 10 años, por lo que intentar que los operadores cobren lo que marcan los tabuladores de 2011 es imposible, pues simplemente esos precios no cubren los costos de operación.
De acuerdo con funcionarios, la actualización de las tarifas daría elementos a los inspectores para aplicar la norma de manera estricta, pues en todo el Estado de México habría piso parejo y las empresas no tendrían pretextos para aumentar sus precios de manera discrecional.
También ayudaría el definir a una sola autoridad que decidiera la intervención de una grúa en un hecho de tránsito o delictivo, pues en la actualidad puede hacerlo la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y cada una utiliza diferentes criterios que no son claros para los conductores.