De acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre del 2023 el estado de Guanajuato registró 2 mil 761 carpetas de investigación iniciadas por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, es decir en contra de deudores alimentarios.
Esta cifra coloca a Guanajuato en el nada honroso primer lugar a nivel nacional en denuncias contra deudores alimentarios, concentrando prácticamente 1 de cada 10 denuncias de todo el país. Ello es un reflejo de la problemática social que enfrenta la entidad, con madres que se ven obligadas a sacar adelante a sus hijos, sin el respaldo que por ley corresponde otorgar a los progenitores.
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El segundo lugar con mayor numero de denuncias es el estado de Chiapas con 2 mil 568, le sigue en tercer lugar Tamaulipas con mil 829, y pese a su baja densidad poblacional y territorial, Tlaxcala ocupa el cuarto lugar nacional con mil 308 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
Si bien, el artículo 215 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, señala que el incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar se da cuando una persona deja de proveer de manera total o parcial las obligaciones alimentarias y que esto se sanciona con penas que van desde los seis meses hasta los tres años de prisión.
Ante esta problemática,en mayo del 2022, Guanajuato formalizó el registro estatal de deudores alimentarios para quien incumpla con la pensión o ministración alimentaria, sin justa causa, por un plazo de 90 días.
Es a través de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías que se deberá inscribir la declaración de deudor de alimentos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y en el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad que se encuentra a nombre del deudor alimentario moroso; lo anterior a requerimiento de la autoridad judicial competente, para evitar que los deudores puedan llegar a vender sus propiedades para evitar pagar.
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Los deudores alimentarios hacen caso omiso y buscan mecanismos para burlar la ley, como el declarase insolventes. Otros mas, evitan el laborar en la formalidad, para que no exista registro de sus ingresos y existen casos en donde optan por mudarse de ciudad o estado para evitar el ser notificados por la autoridad o ponen a nombre de otras personas sus propiedades, todo con tal de evitar cumplir con su responsabilidad.
Ello ha generado el surgimiento de movimientos sociales importantes, tal como el Frente Nacional Contra Deudores Alimentarios, la Ley 3 de 3 para que personas con sentencia por ser deudores no lleguen a cargos públicos y la Ley Sabina.