La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) aclaró que sólo en dos de los 28 municipios en que tiene presencia se registra el problema de la venta de niñas para matrimonios forzados, aclaró que dicha costumbre ya no está permitida y dio a conocer la orden de detención contra los padres involucrados en el caso de la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande.
En Chilpancingo, integrantes de cinco casas de justicia de la CRAC, sistema de seguridad y justicia que opera en 200 pueblos habitados mayoritariamente por población indígena, en la Montaña y Costa Chica, denunciaron que a partir de lo sucedido en Dos Ríos, donde la señora Concepción Ventura Aguilar y su hija Angélica, de 15 años fueron violentadas, la coordinadora es objeto de una campaña de criminalización, de la que responsabilizaron al gobierno anterior.
Eufemio Cesáreo Sánchez, consejero de la Casa de Justicia de Caxitepec y vocero de la CRAC-PC, sostuvo que de manera sospechosa, se pretende acusar a un comandante regional de haber golpeado a la señora Concepción, madre de Angelica, lo que le provocó que perdiera un embarazo de trillizos.
Cesáreo Sánchez estuvo en Chilpancingo junto con Victorino García Ricardo, de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Juan Orta Cruz y César Ramírez Bello, consejero de Espino Blanco, municipio de Metlatónoc.
Todos ellos señalaron que la versión de que la señora Concepción abortó en la Casa de Justicia de Dos Ríos es falsa, pues las imágenes que se han difundido de ella tirada en el piso no corresponden con las características de las instalaciones.
Si hubo un aborto, manifestaron que fue consecuencia de violencia intrafamiliar, pues desde hace dos años tienen información respecto al hecho de que el marido la golpea recurrentemente.
Respecto al encarcelamiento de una menor de 15 años junto con sus tres hermanitas, los integrantes de la CRAC aseguran que no hubo tal situación, pues la que sí estuvo detenida fue la abuela, pero sus nietas se acercaron al lugar para acompañarla y de esa manera impedir que estuviera sola.
“La CRAC no golpea mujeres ni encarcela niñas”, aseguraron.
Policía comunitaria no avala venta de niñas para matrimonios forzados
Respecto a la venta de niñas para matrimonios concertados entre jefes de familia, los voceros de la CRAC reconocieron que es un problema que se remonta a muchos años, por lo que no se sencillo erradicarlo.
Sin embargo, destacaron que de los 28 municipios en que la CRAC tiene presencia, solamente tienen ese problema en dos, que son Metlatónoc y Cochoapa el Grande, los municipios más pobres de la entidad.
Agregaron que durante 26 años, la Policía Comunitaria ha logrado consolidar su presencia en 200 pueblos de las regiones Costa y Montaña, de tal manera que solamente reconocen que hay problemas por venta de niñas para matrimonios en 13 localidades, principalmente de Cochoapa.
“La CRAC no avala ese tipo de situaciones, los reprueba porque son inhumanos, la niña tenía 11 años cuando la vendieron y por esa razón es que vamos a proceder, para sentar un buen precedente en ese tipo de casos”, señaló el consejero Cesáreo Sánchez.
La jornada del viernes, los representantes de las Casas de Justicia de la CRAC presentaron dos órdenes de detención en contra de igual número de personas: Juan Manuel Martínez Vázquez, padre de la menor que fue obligada a casarse desde los 11 años y de Rutilio Julián Moreno, que es el suegro de la menor, quien intentó violarla hasta en cuatro ocasiones y detonó el conflicto que al final también perjudicó a la CRAC-PC.
De primera instancia, se anota que la CRAC pretende detener para su reeducación tanto al que entregó como al que recibió dinero para concertar un matrimonio entre menores de edad.
Pero además hay más agravantes, como el tema de la violencia intrafamiliar que el señor Juan Manuel Vázquez cometió en contra de su esposa, la señora concepción, quien tuvo un aborto de trillizos.
Además, se busca sancionar el intento de violación cometida en contra de la menor que hace cuatro años fue vendida, como parte de un acuerdo para concretar un matrimonio forzado, una practica que la CRAC asegura que no avala.
ledz