El médico Gustavo Dardwin Aguirre Castro le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome Medidas Cautelares para proteger sus derechos, argumentando que corre un riesgo actual ante las investigaciones en su contra por el uso de fentanilo medicinal.
Aguirre indicó a través de un escrito que la agente del Ministerio Público, Iliana Patricia Figueroa Romero, debe evitar acercarse a su hogar, detener actos intimidatorios y que la investigación sea asignada a otro funcionario sin conflictos de interés.
En su solicitud, el anestesiólogo expone que la Fiscalía General de la República (FGR) está fabricando acusaciones falsas. Explica que legalmente adquirió 4 cajas de fentanilo médico, con 6 ámpulas de 10 mililitros cada una.
El narcótico fue comprado a una empresa de Guadalajara, Jalisco, avalada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Recibió el producto el 20 de junio por paquetería y lo guardó en su hogar en el fraccionamiento El Tezal, en Los Cabos, Baja California Sur. Cuatro días después, la Fiscalía cateó su vivienda y confiscó el inmueble.
En respuesta, Gustavo presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos (FEAI), alegando que personal de la Fiscalía le solicitó dinero para cerrar su caso, primero 200 mil pesos y después 600 mil.
“Antes de ingresar de nueva cuenta a las instalaciones, fuimos interceptados por la persona que momentos antes había estado en la oficina de la licenciada de nombre Iliana Patricia Figueroa Romero, quien por cierto como ya dije también había estado presente en el cateo y nos dijo que había dos caminos para arreglar la situación, uno corto y otro largo y obviamente le pregunté en qué consistían estos caminos y respondió que el corto implicaba la entrega de 200 mil pesos en el momento, para cerrar el tema y que el largo no me lo recomendaba literalmente me dijo; el largo yo no se lo recomiendo porque usted sabe que estas cosas se complican”, detalla el escrito.
Para recuperar su propiedad, Mónica Imelda Jauregui Agundez, esposa del médico, inició un Juicio de Amparo (número 995/2023). Obtuvieron la suspensión definitiva el 9 de agosto de 2023.
Sin embargo, al retirar los sellos, Agentes del Ministerio Público regresaron y aseguraron nuevamente el inmueble. Argumentan que hay una investigación donde Mónica es la imputada por ser la dueña.
“Lo anterior deja ver que los agentes del Ministerio Público han emprendido una persecución legal en contra de mi representado y de su esposa con la finalidad como ha sido señalado con anterioridad de obtener un beneficio económico a cambio de desistirse de la acción legal, abusando de la autoridad con que les enviste la fiscalía general de la república y violentando sus derechos humanos”, expresó el abogado de Aguirre.
Antonio Juárez Navarro, abogado de Gustavo, menciona que se vulneran los artículos 7, 8 y 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
De acuerdo con información recabada por MILENIO, en la entidad existen dos casos relacionados con fentanilo. El 21 de noviembre de 2021, se reportó el robo de 12 ampolletas de fentanilo en el hospital Juan María de Salvatierra, en la capital estatal.
La Secretaría de Salud presentó una denuncia en diciembre bajo el folio LPZ/7581/2021/NUC, pero no hay avances.
Tras la revelación de un reportaje sobre contratos millonarios para adquirir fentanilo por parte del Gobierno de la Ciudad de México a la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud, empresa investigada por la DEA por vínculos con el Cártel de Sinaloa (CDS), Gustavo Aguirre y su abogado expresaron en redes sociales que, por comprar menos estupefacientes, su casa fue asegurada dos veces.
El 31 de agosto se llevará a cabo la audiencia inicial donde la Fiscalía solicitará su vinculación a proceso por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de transporte. El Juez Alfonso Olachea Aragón decidirá su situación legal.
MO