Este sábado, numerosos habitantes de la comunidad de Frontera Corozal, ubicada en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, llevaron a cabo una marcha para instar al gobierno federal a acelerar la orden de aprehensión en contra de algunos líderes de la localidad de San Javier, debido a su posible vínculo con el crimen organizado.
Portando pancartas, los residentes recorrieron las principales calles de la comunidad y también hicieron un llamado a las autoridades estatales para que garanticen la seguridad en la zona.
Desde hace cuatro años, han observado la presencia de grupos delictivos en la Selva Lacandona, a quienes responsabilizan de haber perturbado la paz social en Frontera Corozal y Nueva Palestina.
“Nosotros somos un pueblo pacifico, somos un pueblo tranquilo que hemos estado trabajando al campo, somos campesinos que labramos la tierra, pero hoy vemos presencia de grupos criminales que por trabajar el campo nos hacen el cobro de piso. Aquí compañeros no debemos olvidar, aquí compañeros este mes de octubre es un mes que no hay que olvidar, hay que heredarle la historia a nuestros hijos y a nuestros viejos”, señalaron los manifestantes.
Los manifestantes negaron rotundamente que Frontera Corozal y Nueva Palestina tengan algún vínculo con el crimen organizado, a pesar de las afirmaciones del presidente López Obrador.
En cambio, afirmaron que son víctimas de estos grupos delictivos y solicitaron la presencia de la Guardia Nacional.
Es importante destacar que, desde el 12 de septiembre, ambas comunidades mantienen retenidos a ocho agentes de la Policía Estatal, a quienes se les señala de tener conexiones con el crimen organizado.
Sin embargo, los familiares de los agentes han presentado una denuncia contra las autoridades y líderes de la localidad, alegando la detención ilegal de los uniformados.
Mientras tanto, los familiares de los policías continúan bloqueando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin importar las condiciones climáticas, hasta lograr la liberación de los ocho retenidos.
MO