La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó que no cuenta con la calidad de víctima u ofendida en el caso del ex secretario General Adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, informó el consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.
“Mediante oficio, recibido el pasado 18 de septiembre, (la SHCP) determinó que no cuenta con la calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal en el caso de Alejandro Gutiérrez, acusado por el delito de peculado por 250 millones de pesos", explicó.
El funcionario estatal agregó que la determinación de la SHCP demuestra que el tribunal colegiado atrajo el caso para liberar al ex consejero del PRI.
“Con esto queda demostrado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no tiene carácter de víctima y se demuestran claramente las maniobras del Tribunal Colegiado que resolvió el conflicto competencial de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para beneficiarlo con el ánimo de llevarse la causa y posteriormente liberarlo”, acusó.
Detalló que el director general de Delitos Financieros y de Diversos de la PGR, Flavio Carlos Valadez, hizo llegar un oficio en el que manifestó que el recurso desviado de la Secretaria de Educación y Deporte (SEyD), es estatal y no federal.
Añadió que la determinación se derivó de que la Consejería Jurídica del Estado exhortó a la SHCP para que apelara la resolución en la que se decretó la suspensión de la causa penal por parte del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal.
“La Secretaría no cuenta con calidad de víctima u ofendida del delito y por ello carece de legitimación procesal para apelar dicha resolución, en razón de que los hechos investigados por la Procuraduría no causan ningún agravio o perjuicio a la Secretaría, porque los recursos presuntamente desviados no forman parte de su patrimonio”, reveló Espinoza Cortés al darse a conocer la postura de la SHCP.
Al término del oficio, añade, se confirma también que la competencia de los recursos en cuestión “sí compete al fuero local, por lo que en consecuencia, corresponde enteramente al Gobierno del Estado de Chihuahua, y no al gobierno federal, llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias e interponer los recursos a que haya lugar”.
bgpa