El exprocurador de justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco, aseguró que la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pone en duda las acciones emprendidas en el caso Ayotzinapa, tiene vicios de origen y carece de exhaustividad.
Mencionó que la actual administración reformó su Reglamento Interno sin Consejo Consultivo, abrió un expediente viciado y, con un proceso unilateral, sustituyó el seguimiento debido a la recomendación de 2018 por un “nuevo” pronunciamiento.
Esa irregularidad, añadió, contamina el análisis y habilita conclusiones sostenidas en presunciones y lecturas parciales.
¨El corazón del documento descansa en un criterio asimétrico: se otorga valor probatorio selectivo al testimonio del colaborador ‘Juan’ (Gildardo López Astudillo) cuando acusa a autoridades locales, pero se relativiza o ignora cuando alude a instancias federales, con especial referencia al Ejército, respecto del cual la Fiscalía a mi cargo no encontró señalamientos de participación activa.¨
¨Esa doble vara carece de rigor jurídico. Por el contrario, la actuación de la PGJEG se apegó al debido proceso: ninguna de nuestras consignaciones ha sido invalidada por tortura o violaciones a derechos humanos, a diferencia de lo ocurrido con detenciones federales”.
Destacó que lo anterior fue plenamente corroborado por la pasada administración de la propia CNDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
“De ser cierto lo que hoy afirma el aludido organismo nacional, la PGR hubiese dejado constancia al recibir la puesta a disposición correspondiente y en las certificaciones médicas correspondientes se hubiese aludido a ello”, apuntó.
El trabajo conjunto de los peritos y los expertos independientes
El funcionario puntualizó que en el terreno forense, tras detenciones locales, se localizaron fosas en Iguala.
¨Peritos estatales, federales y el Equipo Argentino de Antropología Forense coadyuvaron en estudios de cronotanatodiagnóstico y genética que descartaron categóricamente que esos restos fueran de los normalistas. La hipótesis del supuesto intercambio de ‘80 indigentes’ es insostenible: no existen denuncias que la soporten y la tecnología de ADN imposibilita suplantar identidades. Nadie, en su sano juicio, habiendo colaborado o desempeñado tareas de procuración de justicia en asuntos relevantes de la historia reciente de nuestro país, propondría una sustitución de cuerpos; eso es absurdo, inconducente e inverosímil”, resaltó.
El exprocurador aseguró que las primeras diligencias acreditaron la dispersión de los estudiantes en rutas distintas, premisa que no necesariamente coincide, en sus términos, con la tesis del basurero de Cocula y que ha sido retomada en informes oficiales, entre ellos los del Estado Mexicano y/o la CoVAJ.
Debo señalar, además, el talante polémico, agresivo y difamatorio del documento de la CNDH, que desacredita o desconoce los trabajos, informes y resultados del GIEI, de la administración anterior de la propia CNDH y de la citada CoVAJ, encabezada por Alejandro Encinas. Llega a cuestionar la selección del GIEI y la calidad ética de sus expertos, sugiriendo antecedentes indebidos, y va más allá al insinuar —de forma inédita y sumamente grave— acciones irregulares de Encinas relativas a pagos a testigos o partícipes y al uso de materiales probatorios “a conveniencia” para responsabilizar al Ejército”.
Comentó que afirmaciones de esa naturaleza exigen soporte probatorio idóneo y verificable.
Agregó que mucho antes de septiembre de 2014, la Fiscalía estatal desarrolló inteligencia sobre Guerreros Unidos (estructura, mandos, modus operandi y zonas de influencia) y la compartió con PGR, SEDENA, CISEN, SEMAR y Policía Federal, lo que ayudó a efectuar detenciones, la consignación de 33 implicados directos, entre ellos mandos de la Policía Municipal de Iguala y José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala.
DG