El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, calificó como parcial, a modo y tendencioso, al informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno a los hechos del 26 de septiembre de 2014, de tal suerte que, dijo, no contribuye a saber lo que pasó con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Blanco Cabrera sostuvo que, además de limitado, el informe más reciente que la CNDH presentó en torno al caso Iguala choca con otro presentado por el mismo organismo, lo que constituye una severa incongruencia.
“Lo que hemos conocido es un análisis guiado parcial, tendencioso y completamente a modo que no propone nada nuevo, porque no va más allá de lo que se conoce”, destacó.
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El documento, sostuvo, está cargado de subjetividad, mala fe y dolo, pues en 30 años no se tenía conocimiento de un documento que contradijera una recomendación emitida por el mismo organismo.
Agregó que se está en presencia de un procedimiento ilegal, con actuaciones que se encuentran viciadas de origen, lo que abre la probabilidad de que haya una discusión en el ámbito legislativo y judicial.
Iñaki Blanco negó que la recomendación que en su momento emitió la CNDH haya avalado la denominada "verdad histórica", pues dio pie a una serie de diligencias que implicaron detenciones, además de la presentación de denuncias en contra de servidores públicos y se obsequiaron varias órdenes de aprehensión.
Negó que la Fiscalía a su cargo haya cometido actos de tortura, como señala la CNDH, situación que sostuvo que es falsa y puede confirmarse al revisar el informe del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se señala que las violaciones a derechos humanos que pudieron constatar, se suscitan después de que la FGE de Guerrero dejó de conocer el caso, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció la facultad de atracción.
“Hubo cuatro personas torturadas, pero fue cuando estuvieron a disposición de la PGR, están las certificaciones médicas y el informe de la oficina del Alto Comisionado en donde se da cuenta que las violaciones a derechos humanos, las detenciones ilegales y los actos de tortura, ocurrieron después de que tuvo conocimiento la fiscalía estatal”, refirió.
Insistió en que a la CNDH le hace falta hacerse de información basada en testimonios de servidores públicos y la revisión de diligencias llevadas a cabo, para efecto de tener la certeza del punto hasta el que llegó la FGE Guerrero durante las primeras investigaciones.
Indicó que se le pretende relacionar con el crimen organizado, aunque sostiene que de manera reiterada ha demostrado que desde antes de septiembre de 2014, había una amplia investigación realizada en contra de Guerreros Unidos, pero además, una vez que sucedieron los hechos, los propios normalistas de Ayotzinapa señalaron a integrantes del Guerreros Unidos, así como a policías municipales como sus agresores.
“Hay falsedad tras falsedad, incluso llegan al extremo de decir que en el tiempo en que fui titular de la Fiscalía existió cierta tolerancia respecto de la delincuencia, lo que no es cierto porque en ese tiempo hubo actuaciones importantes, hubo una disminución en materia de secuestros del 48 por ciento, un 35 por ciento de los homicidios dolosos, 8.6 en extorsión y 16 por ciento en el robo de vehículos, la Fiscalía a mi cargo detuvo al número más alto de secuestradores y fueron 406”, aseveró.
Indicó además, que durante su permanencia en la FGE se resolvieron asuntos de alto impacto, como el atentado contra el empresario Pioquinto Damián Huato; el secuestro del diputado Olaguer Hernández Flores y se esclarecieron ocho asesinatos de personas reconocidas como luchadores sociales.
En entrevista para MILENIO Televisión, con Alejandro Domínguez, aseguró que el informe presentado no contribuye al esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Aseguró que bien es cierto que existen algunas coincidencias, hay diferencias sustanciales entre los informes que han emitido instituciones, entre las cuales destaca "las relativas a las rutas de desaparición de los jóvenes normalistas, al número de infiltrados en cada evento, así como el involucramiento de algunos elementos del Ejército, la policía federal, la policía estatal y la policía ministerial".
"A pesar de saber parte de lo que estaba ocurriendo, no emprendieron acción alguna, estamos hablando de responsabilidades por omisión", sostuvo.
Asimismo, puntualizó que el informe de la CNDH se remite a una entrevista que le realizó el periodista Carlos Marín para el espacio de El asalto a la razón, acusando que lo que le llama la atención es que no se consideraron "decenas de entrevistas que he concedido a múltiples medios a lo largo de casi ocho años y ante todo lo que he declarado ministerial y oficialmente hablando en tres ocasiones ante el Ministerio Público de la Federación, en dos ocasiones ante comisiones legislativas y en dos ocasiones ante la comisión para la verdad y justicia, resaltando que solicité públicamente la presencia de personal de la CNDH y ello no ocurrió".
“Me parece que no es con base a informes con una profunda carga ideológica, con imprecisiones y falsedades, como se va a lograr el esclarecimiento de lo ocurrido con los jóvenes normalistas, por el contrario, estimo que debe actuarse con absoluta sensatez en el análisis de los hechos, siempre en contexto y lejos de la politización”, aseveró.
FS