En Oaxaca, la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la legislatura local, Laura Estrada Mauro, anunció una iniciativa de ley para investigar y castigar la red de corrupción implicada en el despojo de inmuebles, donde están implicados notarios públicos y servidores públicos estatales.
La legisladora anunció que para ello ya se discute una propuesta de reforma de ley al Código Penal para castigar el delito de despojo de inmuebles en Oaxaca.
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Estrada Mauro, diputada local, declaró que las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena ya están preparando la iniciativa, para que desde el Poder Legislativo, se ordene la función notarial y se sancionen sus desviaciones.
"Les adelanto que la iniciativa que presentamos busca combatir y castigar este delito a través del establecimiento de valores y principios que deben guiar a quienes ejerzan la función notarial; mejorando procesos de selección más transparentes y rigurosos para asegurar que personas calificadas accedan a dicha función", informó la diputada.
En la propuesta de reforma también se plantean mecanismos más fuertes y eficientes de investigación, sanción y pérdida de la patente a los notarios que incurran en simulaciones o cometan faltas durante el ejercicio de sus funciones.
"Reafirmo mi compromiso de vigilar y dar seguimiento a todas las investigaciones respecto de este y otros delitos que nos avergüenzan y exhiben a nivel nacional. Las y los oaxaqueños afectados tienen el derecho y merecen que se les informe con transparencia, pero además, de que se les dé resultado a sus denuncias y demandas con justicia pronta, expedita y conforme a derecho", expresó la también coordinadora del grupo parlamentario de Morena.
Recientemente a nivel nacional en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública en el país, Ricardo Mejía Berdeja, informó sobre el modo de operación del denominado “cartel del despojo” en Oaxaca.
Detalló que por ese delito se han iniciado mil 467 carpetas de investigación desde marzo de 2022, y en las cuales, 213 están relacionadas con la falsificación de instrumentos notariales.
Asimismo, explicó que los responsables de este delito primero eligen casas o terrenos a despojar, luego investigan en el Registro Público, Catastro o Registro Civil, para después simular actos jurídicos para desposeer a los legítimos propietarios.
Al respecto, el fiscal del estado, Arturo Peimbert, reconoció recientemente al comparecer ante el Congreso que existen líneas de investigación que vinculan con este delito a funcionarios de alto nivel, dependencias del gobierno del estado, notarios, abogados, corredores públicos, autoridades comunales, ejidales, registrales, municipales y en ocasiones el propio crimen organizado.
UM