Puebla, al igual que 14 estados más del país, cuentan con una la política ambiental frágil y capacidades institucionales reducidas para proteger ecosistemas, evitar la degradación de recursos y capital natural y garantizar efectivamente el derecho a un medioambiente sano.
De acuerdo con el análisis “Números de la injusticia ambiental: la medición de la impunidad en México”, realizado por Juan Antonio Le Clercq, investigador de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), la mayoría de las entidades del país cuentan con capacidades y recursos limitados que no será posible hacer frente con efectividad a las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático.
Explicó que en todos los estados del país se presentan un determinado grado de impunidad ambiental que, en los estados de Puebla, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Chiapas, Campeche y Baja California Sur, se puede catalogar como medio.
“Se define impunidad ambiental, en un sentido amplio, para integrar la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente; el incumplimiento de objetivos de política ambiental y climática, así como la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas intergeneracionales”, destaca en su análisis el investigador de la universidad poblana.
El investigador destaca la necesidad de desarrollar sistemas de indicadores más confiables en materia ambiental, el valor explicativo de las capacidades institucionales y la complejidad involucrada en la medición de los delitos y el daño ambiental.
De manera general, en el país, existe un desempeño “mediocre” en materia ambiental y una capacidad institucional muy reducida para garantizar la protección medioambiental y el disfrute de un medio ambiente sano.
“Sin capacidades institucionales y recursos financieros no es posible implementar políticas que efectivamente protejan el medioambiente, mucho menos en un contexto donde las alteraciones a ciclos y procesos naturales señalan la irrupción del Antropoceno”, destaca el análisis.
El estudio agrega que, a la devastación de ecosistemas y el abuso en la extracción de recursos naturales, se añade una capa de complejidad como resultado de prácticas corporativas voraces, corrupción de autoridades y el involucramiento creciente de organizaciones criminales en el saqueo de recursos.
El investigador destaca que, si bien la impunidad ambiental tiene relación con actos ilegales o arbitrarios de la autoridad como la existencia de corrupción, la colusión con organizaciones criminales e intereses económicos o la falta de voluntad para aplicar las leyes ambientales, está también relacionada con la ausencia de las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional para implementar políticas o hacer cumplir las leyes.
Resalta que la tendencia en México a reducir el presupuesto en materia ambiental al menos desde 2012, paradójicamente el año en que se incorporan a la Constitución los derechos humanos a un medioambiente sano y al agua, imposibilita mantener, incrementar o desarrollar capacidades institucionales, organizacionales y humanas para evitar la destrucción de ecosistemas, garantizar el derecho al medioambiente sano o proteger a las víctimas del delito y daño ambiental.
AFM