El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) mantiene bajo lupa todas las candidaturas registradas la semana pasada, en busca de deudores alimentarios morosos, violentadores de mujeres y personas con sentencias penales firmes y ejecutoriadas.
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El Ietam busca que partidos políticos y coaliciones hayan incluido a personas con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes, en las listas de candidatos a diputados locales y regidores, informó el consejero presidente Juan José Ramos Charre.
Destacó que otro punto bajo análisis es garantizar la participación paritaria bajo el criterio de bloques de competitividad, que significa, no simular equidad postulando a mujeres en municipios y distritos que de antemano saben que van a perder.
“Tenemos bajo lupa los expedientes para negar candidaturas a deudores alimentarios, personas que ejerzan violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades y/o tengan una condena firme ejecutoriada, es decir, confirmada por una segunda o tercera instancia. Además estamos haciendo valer las acciones afirmativas para abrir espacios a grupos vulnerables, y que se respeten también los bloques de competitividad en favor de las mujeres”.
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Dijo que el proceso de revisión continúa, para estar en posibilidades de emitir observaciones a los partidos y coaliciones que incumplan cualquiera de estos aspectos, y que puedan así, realizar sustituciones en su caso, corregir o subsanar cualquier omisión.
“Las postulaciones inscritas la semana pasada, no están firmes todavía, tienen que pasar por un proceso de filtros y estamos justo en ese análisis todavía, tenemos hasta el 14 de abril para presentar el dictamen final, validar las candidaturas y que el 15 de ese mes puedan arrancar las campañas de alcaldes y diputados locales”.
La autoridad electoral recordó que se firmó un convenio con el Poder Judicial de Tamaulipas, para evitar que deudores alimentarios morosos participen como candidatos, tampoco tienen derecho a hacerlo quienes hayan ejercido cualquier tipo de violencia contra las mujeres, desde política por razón de género, familiar, económica, laboral y psicológica, o tengan suspendidos sus derechos políticos por la comisión de cualquier otro delito.
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Ramos Charre mencionó que inclusive si el agresor es otra mujer, tampoco puede contender, pero reiteró que no basta una denuncia penal para perder el derecho, sino haber una sentencia firme ejecutoriada, confirmada en segunda y hasta tercera instancia por las autoridades
VLSS