El gobierno de Puebla ha identificado que jueces y magistrados del distrito judicial de Cholula estarían involucrados con el Cártel del Despojo, una red de fraude con epicentro en Oaxaca que ya afectó a siete familias poblanas, señaló José Luis García Parra, coordinador de Gabinete estatal, quien adelantó reformas a la ley para impedir este tipo de actos.
Luego que MILENIO expusiera el caso de Ligia, que perdió su casa en la colonia Gobernadores a través de un juicio fachada, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó a su gabinete la realización de una reforma para evitar otros sucesos de este tipo.
En ese sentido, García Parra adelantó que se enviará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para aplicar sanciones contra quienes estén involucrados en fraudes inmobiliarios.
"Hemos detectado en el distrito judicial de Cholula a diversas personas, dentro de jueces y magistrados, que han tenido participación y contacto con estos grupos que han realizado estas acciones", dijo.
El funcionario sostuvo que la ley se creará para "proteger a las y los poblanos de la simulación con la que pueden llegar a perder su patrimonio".
Destacó que los cambios en la legislación poblana serán presentados dentro de dos semanas, ya que el proyecto aún es elaborado por la Consejería Jurídica del Estado, a cargo de Raúl Pineda Zepeda.
"Ya los tenemos detectados. Estamos amarrando todo perfectamente bien para proceder, pero también necesitamos proteger a los poblanos [...] en el gobierno del estado vamos a actuar con toda la firmeza", sentenció.
De acuerdo con la investigación de MILENIO, el Cártel del Despojo se instaló en Puebla en un predio de la colonia Gobernadores, en San Andrés Cholula, desde donde vigilaban las actividades de todos los vecinos de la misma cuadra.
Después de dos años de vigilarlos a todos, el Cártel usó a un grupo de 40 personas para desalojarlos a todos mediante invasiones, amenazas y demás hechos violentos.
Los invasores ampararon su actuar con un juicio fachada radicado en Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, ubicado a 250 kilómetros de distancia del hogar de Ligia, cuyo caso ya se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla.
CHM