Un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) entregar toda la información que fue generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia Centro (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.
Los padres de los normalistas de Ayotzinapa estiman que se trata de al menos 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad en este caso.
La sentencia menciona que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia, sino que constituye un indicio de que la información obra en poder de las autoridades militares y debe ser entregada.
Lo anterior fue dado a conocer por el Centro Prodh, el cual señaló que la resolución fue emitida por el juez quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Alan Arriola Padilla, el 19 de febrero, dentro del juicio de amparo 1350/2023.
El fallo deriva de la demanda presentada en agosto de 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
En ella reclamaron la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.
Las familias señalaron la responsabilidad de la Defensa, en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En ese informe, el GIEI documentó que tuvo acceso a comunicaciones internas del Ejército elaboradas por el CFRI en 2014, relativas al seguimiento realizado a los estudiantes durante y después de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
Sin embargo, los folios proporcionados estaban incompletos, lo que evidenció la existencia de documentación faltante.
“Esto a pesar de que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014”, mencionó el Centro Prodh.
Las familias acudieron a la justicia federal ante la parálisis de la COVAJ, que dejó de funcionar como un mecanismo para superar los obstáculos de la investigación.
La asociación comentó que el fallo reconoce el derecho de las familias de los estudiantes a la verdad y por ende, la obligación del Ejército de entregar toda la información relacionada.
La resolución establece además que dicha información no puede clasificarse como confidencial o secreta, en tanto existe un interés preponderante de las familias de las víctimas, así como de la sociedad en general, de conocer la verdad en el caso de Ayotzinapa.
rdr