Un juez de distrito con sede en Morelia, Michoacán, concedió un amparo que ordena a las autoridades federales y estatales actuar ante la colocación de minas terrestres y el uso de explosivos en la región de Tierra Caliente.
De acuerdo con el amparo, identificado con el expediente 272/2025 y al que MILENIO tuvo acceso, el juez consideró que existe una omisión por parte de las autoridades para garantizar el derecho a la vida, al trabajo y a un entorno seguro y justo.
"Se recurrió al Poder Judicial para obligar al gobierno a que haga su trabajo. El Gobierno de la República y el Gobierno del Estado tendrán que presentar un informe justificado sobre por qué no han cumplido con su tarea de brindar seguridad a los jornaleros, así como explicar por qué no han retirado las minas explosivas sembradas en las brechas y parcelas de Tierra Caliente", externó Guillermo Valencia, diputado local.
El recurso legal fue presentado por jornaleros de las localidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista.
El juez ordenó a mandos militares y civiles de seguridad, incluyendo las fiscalías y al propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, elaborar un programa de desminado.
"Deberán comisionar a los elementos a su cargo que resulten necesarios y cuenten con las calificaciones técnicas adecuadas para que, en coordinación institucional conjunta, dichas autoridades emprendan acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas instaladas en las comunidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, pertenecientes al municipio de Buenavista, Tomatlán, así como en todas aquellas áreas o zonas de la región de Tierra Caliente", reza el documento.
Dentro del amparo se menciona el caso de Ramón Paz Salinas, maestro que murió tras pisar una mina en Apatzingán, así como el de Pablo, un menor de 15 años que murió a causa de un artefacto explosivo enterrado en una huerta de limón.
La vigencia de esta medida cautelar surtirá efecto de inmediato "hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva".
Asimismo, el juez ordenó que, además de valerse de todos los recursos financieros, tecnológicos y humanos con el "número estimado de días, meses o años necesarios", se realicen actividades de sensibilización sobre el problema de las minas y se brinde asistencia a las víctimas.
MO