Un juez federal determinó vincular a proceso al director General de Control y Verificación Migratoria del INM, Antonio Molina, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que le fuera impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el juzgador confirmó que el segundo funcionario de más alto rango en el Instituto Nacional de Migración (INM), sólo después del comisionado Francisco Garduño, continúe su proceso en libertad, lo cual ya había resuelto en una diligencia anterior.
Durante la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, el juzgador también determinó fijar en tres meses el plazo del cierre de investigación complementaria.
El Ministerio Público de la Federación acusó a Antonio Molina de ser omiso y no garantizar las condiciones adecuadas de dicha estación migratoria, lo que provocó, dijo, la muerte de los extranjeros, las lesiones de 25 más y el daño material del edificio.
En su argumentación, los representantes de la FGR denunciaron que el directivo del INM nunca supervisó las condiciones en que se encontraba dicho centro de detención, a pesar de que tenía conocimiento de cómo se encontraba.
ledz