La historia de Mónica Elizabeth Esparza Castro representa uno de varios casos de violencia de género que siguen vigentes tanto en Torreón como en el resto de Coahuila.
El 12 de febrero de 2013 la detuvieron junto con su pareja y su hermano Édgar por policías municipales cuando transitaban en su vehículo sobre el bulevar Revolución en Torreón. Fueron llevados a una bodega en la corporación donde sufrieron actos de tortura y de abuso sexual por parte de elementos policiacos, además de quedar incomunicados durante 14 horas.
Después los remitieron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) donde momentos antes perdió la vida su esposo Alfredo por las lesiones que sufrió víctima del maltrato físico. Mediante intimidaciones y amenazas de que le harían daño a sus hijos y madre, Mónica firmó lo que le presentaron en frente y horas más tarde fue presentada en la capital del país junto con Édgar como los responsables del secuestro y portación de armas exclusivas del ejército.
Según lo documentado por al menos tres organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, existen graves violaciones a sus garantías individuales dentro de la causa penal 24/2013.
El proceso mantiene a Mónica recluida en un penal Coatlán del Río, en Morelos. Su hermano está detenido en Durango.
Martha Castro, su madre, afirma que Mónica es una guerrera porque decidió romper el silencio e interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando estaba recluida en Tepic, Nayarit.
“Ella dijo: ‘mami, nosotros ya pasamos por muchas cosas que no te puedes ni imaginar y pensaba que esto nada más pasaba en películas, pero yo quiero levantar la voz para que otras mujeres no pasen por lo mismo”.
Recuerda que como mamá no estaba de acuerdo con esa decisión e incluso cuando la comisión emitió la recomendación 15/2016 y otros organismos defensores la contactaron quiso evadirlos, sin embargo su hija la convenció de que era lo mejor difundir lo que pasó.
“Ahora sí creo que puede existir la justicia, antes no me pasaba ni por la mente que fuera ser algo bueno para ellos, cuando se empiezan acercar no quería contestar llamadas, porque es igual que todo y toda puerta que he tocado me la han cerrado”.
Luego de octubre del 2016 el proceso jurídico comenzó a moverse y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tomó la defensa. En el informe Frente en Alto da cuenta tanto de la historia de Mónica como de otros tres casos de tortura sexual en que estuvieron involucrados también elementos de fuerzas policiales entre los años 2013 y 2015 en Coahuila.
Detonar una petición
Luego de documentar siete casos de feminicidio, dos de tortura (uno de ellos el caso de Mónica Esparza) y un apartado sobre violencia contra la comunidad LGBT, la Red de Mujeres de La Laguna presentó en 2017 una Solicitud de Alerta de Género para Torreón ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM).
La organización se apoyó en la figura jurídica de las asociaciones Mujeres Generando Cambios y el Centro Las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro.
Por eso la comisión optó por investigar la petición, sus informes dan cuenta que “se consideró que en el estado de Coahuila y principalmente en el Torreón existe un contexto cultural y social complejo, que contribuye a que se generen condiciones idóneas para producir y reproducir la violencia contra las mujeres”.
Derivado de esa primera evaluación, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, emitió 10 recomendaciones a los gobiernos del municipio de Torreón y el estado de Coahuila para no emitir la declaratoria.
Torreón entre los municipios con más muertes de mujeres
Según el informe final de la CONAVIM, seis fueron cumplidas y cuatro parcialmente cumplidas.
El documento expone que los pendientes de la autoridad recaen en la elaboración de un diagnóstico municipal y estatal sobre los tipos y modalidades de la violencia, fortalecer los recursos humanos y materiales de las delegaciones de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, un programa de capacitación permanente al personal de distintas instituciones gubernamentales y el fortalecimiento de una política integral e interinstitucional para la prevención del embarazo infantil y adolescente.
Sin embargo, el resultado no dejó conformes a los grupos que promovieron la declaratoria y argumentan los motivos.
“El resultado fue que no se declaraba porque algunas de las observaciones que se hicieron se habían cumplido al 100 por ciento y en las otras las autoridades mostraron avances en los indicadores. Aunque sí hubo algunos logros la verdad es que otros se quedaron en puras promesas”, asevera Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de La Laguna.
Detalla que algunos de los puntos que en apariencia fueron cubiertos tienen que ver con la apertura de áreas especializadas para la atención del delito de feminicidio.
“Se abrieron mesas especializadas en feminicidios con ministerios públicos exclusivos para eso, pero la investigación no nada más depende de ellos, sino de una policía investigadora adecuada, equipos periciales capacitados para investigar ese delito y eso no se hizo”.
Abunda que otro de los pendientes está en el reforzamiento de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues aunque hubo el compromiso de contratar más personal hasta la fecha la dependencia opera con el mismo recurso humano.
“De eso ya fue más de un año, siguen donde mismo y con las mismas personas”.
Pero la violencia contra las mujeres no cesó en el último año y para muestra está el incremento en el número de feminicidios no nada más en Torreón, sino en todo el estado donde la cantidad prácticamente se duplicó.
En 2019 la Fiscalía de Coahuila registró 22 de esos casos contra 11 de un año anterior cuando Coahuila “cumplió” las recomendaciones federales para prevenir la violencia.
Aunado a eso, las cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubican a Torreón en el puesto 30 de los 100 municipios con más asesinatos de mujeres en México.
La revictimización
El feminicidio no nada más registra un crecimiento en cuanto al número en el último año, sino también en la brutalidad con que fueron perpetrados.
En La Laguna, concretamente en Matamoros, el hecho que estremeció a la comunidad fue el de la pequeña Milagros.
La niña de dos años fue brutalmente agredida por su padrastro y perdió la vida días después.
“Lo que hemos visto es no nada más el aumento en los casos, sino en niñas y adolescentes, el nivel de violencia con que se infringen las heridas y casi siempre va incluido el abuso sexual o violación”, refiere Adriana Romo.
Argumenta que un motivo por el que siguen este tipo de asesinatos está relacionada con la impunidad, pues los procesos aunque hay una judicialización de la mayoría de los casos no existen sentencias dictadas todavía.
“Las alzas o el incremento del delito tiene que ver con los altos índices de impunidad porque, de los casos que incluimos en el documento de la solicitud de alerta, hay una persona sentenciada”.
Otra prueba de eso también la encontramos en el asesinato de una maestra en pleno desfile para conmemorar la Revolución Mexicana en noviembre pasado, caso del cual hay un autor intelectual detenido y bajo proceso, pero el autor material sigue prófugo.
Por su lado, Rosa María Rocha González, madre de Danna Milagros Cigarroa Rocha, asesinada el 11 de octubre del 2015, destaca que el dolor de la pérdida de su hija no es la única cosa que enfrenta porque hay una autoridad indolente ante su sufrimiento.
“Hay muchos obstáculos que nos han puesto, desde que empieza uno con la denuncia, en mi caso no lo tomaron como un feminicidio tomando los elementos, a la hora de hacer el proceso y sentenciar le dan menos años”.
Rocha González forma parte de la agrupación Madres Poderosas que reúne a 14 familias que perdieron a una hija o hermana víctima de feminicidio y lamenta que las cifras de violencia contra las mujeres vayan en aumento.
“Cada vez hay más asesinatos lamentablemente, quisiéramos que se pararan porque los niños pierden… Nosotras vamos a exigir la ley y nos dan con todo, nos cierran las puertas, nos dicen viejas arguenderas y lamentablemente no están sensibilizados para sentir este dolor”.
Cuenta que su nieta vio lo que sucedió con su madre y el actuar de la autoridad fue en su momento revictimizarla.
“Hay que tener omisión en estos aspectos porque ella fue una voz muy importante para que se hiciera justicia, pero no podemos estar victimizando a los niños porque es un dolor fuerte”.
La esperanza de ser libre
El caso de Mónica Esparza está cerca del final y hay dos caminos en la sentencia que podría darse cuando el juez así lo dicte: absolutoria o condenatoria.
Melissa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que lleva su defensa, afirma que lo sucedido con ella representa el mayor grado de violencia de género contra las mujeres y que la autoridad judicial debe devolverle su libertad por la acreditación en la violación de sus derechos humanos y la falta de pruebas en la acusación en su contra.
“Al final es importante porque su caso representa una de las peores expresiones de la violencia de género contra las mujeres, de las cuales en este momento existen muchas olas de movimientos feministas y mujeres que están pidiendo un alto a este tipo de violencia”.
Resalta que en vísperas de cumplirse un mes de la audiencia final de Mónica el juez del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna ya tiene todos los elementos para ordenar su inmediata libertad.
“Es muy importante mencionar que es un caso emblemático en cuanto a que representa lo que muchas mujeres en México ha vivido, el centro ha documentado al menos 110 casos de tortura y 29 de una forma más minuciosa a partir de sus expedientes y causas penales”.
En las últimas semanas, diferentes organismos defensores de los derechos humanos y de activismo comenzaron con la recolección de firmas para respaldar el caso y ordenar su libertad. Las llevarán al juzgado lagunero el próximo 12 de marzo.
A través de la plataforma change.org, más de 50 mil personas se han solidarizado con la causa y su madre compartió en diferentes espacios la historia de su hija para concientizar a la sociedad sobre lo ocurrido y de esa forma evitar que casos como este puedan repetirse.
“Ella creía que todo lo que estaba muerto ahora empieza a revivir y tiene mucha fe de tener su libertad. En la última audiencia recalcó que no pide justicia, sino lo justo que es su libertad”, asegura Martha Castro.
CALE