Luego de haber sido detenida el pasado 22 de enero bajo el señalamiento de delitos contra la salud, tanto Leslie Alcántara, Ana Angélica F., Belén Verónica P., Héctor Miguel P., Berenice M., Argelia T., y José Fernando A., fueron puestos en libertad, ello en medio de una serie de supuestas inconsistencias en su proceso legal e incluso acusaciones de haber sido inculpados por las autoridades.
El grupo de siete personas fue presentado por la Policía Estatal ante el Ministerio Público bajo los señalamientos de delitos contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. Durante su presunta detención, los agentes estatales dijeron haber obtenido 194 dosis de cristal y marihuana, armas de fuego y cartuchos útiles; sin embargo, familiares y amigos afirman que la joven era es comerciante de calcetas y la detención en su contra el 22 de enero fue arbitraria, sin pruebas y sin la orden emitida por un juez.
En ese sentido, desde el momento de su detención, la familia y amigos de Leslie “N” se movilizaron en las redes sociales para dar con su paradero, pues la joven habría desaparecido por aproximadamente 12 horas. La mujer habría sido detenida en el Centro Histórico de la capital poblana y fue llevada hasta el municipio de Amozoc, a más de 22 kilómetros del punto inicial, para después ser presentada en el C5 de Cuautlancingo.
Una vez en presentada ante el Ministerio Público junto a otras seis personas, Leslie “N” optó por levantar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla bajo las acusaciones de abuso de autoridad por parte de los elementos de la Policía Estatal, mismo señalamiento que fue investigado desde el inicio de la denuncia para corroborar lo ocurrido.
Mediante un comunicado, el organismo indicó que abrió el expediente de queja 316/2022 para dar seguimiento al caso de Leslie, quien se encontraba junto a su madre cuando vendía calcetas y cosméticos en la vía pública al momento de ser detenida por policías estatales.
La CDH indicó que el día de la detención su personal fue requerido mediante una “solicitud de exhibición de personas”, por lo que acudió al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5) del municipio de Cuautlancingo para entrevistarse con Leslie.
Ahí, la agraviada ratificó la queja en contra de elementos de la SSP de Puebla, por lo que la Comisión se comprometió a “continuar con las investigaciones a fin de integrar debidamente el expediente de queja y así determinar lo que en derecho proceda”.
La CDH aseguró que la información y documentación relacionada con los asuntos que conoce la Comisión es de carácter confidencial, pues así lo estipula el artículo 5 de la Ley de la CDH- Puebla.
La familia denunció que al momento de ser detenida fue violentada por los policías, mismos que la habrían mantenido incomunicada por varias horas.
A esto se suma que la mañana del lunes 24 de enero, familiares y amigos de la joven de 26 años, que se dedica a la venta por internet de calcetas y cosméticos, realizaron una manifestación que inició en el Paseo Bravo y continuó hacia Cada Aguayo, con una escala en el Palacio Municipal capitalino.
Durante su recorrido, los quejosos exhortaron a las autoridades a llevar a cabo un proceso legal apegado a la ley, además de que pidieron la supervisión de los diferentes órdenes de gobierno sobre este caso. En Casa Aguayo, los manifestantes fueron recibidos por una barrera de policías y vallas metálicas, sin embargo, se abrió una mesa de diálogo para escuchar las demandas de los afectados.
Hasta la noche del mismo lunes la familia de Leslie dio a conocer que fue liberada, así como los otros seis detenidos, luego de que un Juez de Control calificó de ilegal su detención. Hasta el cierre de esta edición, la dependencia de seguridad no ha dado postura sobre lo ocurrido y tampoco aclaró si se procederá contra los agentes estatales que realizaron la detención.
CHM