Luego de que este jueves fuera publicada en el Periódico Oficial de Baja California, la llamada ley Bonilla enfrentará al menos una decena de recursos jurídicos.
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La avalancha de impugnaciones incluirá acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como amparos y hasta juicios de protección de los derechos políticos electorales, a fin de evitar la ampliación de mandato de Jaime Bonilla, de dos a cinco años, como gobernador.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad confirmó que, a través de diversos ciudadanos, promoverán un amparo en cada ciudad en la que tienen presencia: Tijuana, Mexicali, y Ensenada.
En entrevista, Ignacio Ochoa, asesor jurídico de la Coparmex en el estado, adelantó que a la par de estos amparos, también interpondrán un juicio de protección de los derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral local y “después se pasa al federal”.
Además de estos tres juicios de amparos, se prevé que, antes de que concluya su gestión el 31 de octubre, el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, interponga una controversia constitucional contra la llamada Ley Bonilla.
En la entidad, tanto el Partido de Baja California como el PRI ya adelantaron su intención de promover controversias constitucionales en contra de las modificaciones a la Constitución de Baja California que permitieron ampliar la administración del morenista Jaime Bonilla.
A nivel nacional, el Partido Acción Nacional (PAN) también continuará, con una acción de inconstitucionalidad, la ruta jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley Bonilla.
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A mediados de este año, el PAN ya promovió este medio de control ante el máximo tribunal del país, pero a finales de agosto fue rechazado debido a que la ley no había sido publicada todavía.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dieron a conocer que analizarían el promover una acción de inconstitucionalidad.
En julio pasado, tanto los ayuntamientos de Tijuana y Mexicali presentaron controversias constitucionales contra la Ley Bonilla, mismas que fueron rechazadas en la Corte debido a que no había sido publicada todavía.
Al haber cambios de gobierno en ambos municipios y de pertenecer a Morena, mismo partido que abanderó a Bonilla, no se prevé que tanto Tijuana como Mexicali continúen con estos medios de control en el máximo tribunal del país.
RLO