En medio de protestas, el congreso de Querétaro se alista para probar la ley del agua, misma que, de acuerdo con ambientalistas, significa la privatización del servicio público para varias colonias ya que considera la concesión por hasta 40 años para algunos particulares.
Son al menos 22 las operadoras de servicio de agua potable que de manera ilegal presentarían ese tipo de servicios en el estado, según los ambientalistas.
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Ayer, fue aprobada en comisiones la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Querétaro, y que permite concesiones, medición y cobranza de los servicios hasta por 40 años.
Especialistas, académicos y ambientalistas pidieron a Morena que se pospusiera la votación, pero no ocurrió, ya que señalaban que con ello se llevaría a la privatización del servicio.
Los diputados de la comisión parlamentaria sostuvieron que la ley establece todos los elementos necesarios en materia de infraestructura, especialmente aquellos que requieren los organismos operadores de agua, así como las que se necesitan a favor del Acueducto 3.
Al exterior del Congreso local, simpatizantes de Morena y organizaciones sociales se manifiesta para solicitar que se frene la aprobación.
LP