El dueño de la empresa de servicios de transporte aéreo Roto Flight Services, José Antonio Vázquez Torales, fue puesto en libertad y continuará su proceso judicial con una serie de medidas cautelares adicionales, debido a que tras 4 años del accidente de helicóptero donde murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, no ha tenido sentencia alguna por su supuesta relación con el accidente aéreo.
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Un juez de control tomó la decisión de liberar al empresario a quien se le atribuyen los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad por la caída del helicóptero donde murieron cinco personas, entre ellas el senador de la República, Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo.
Dicha determinación habría sido tomada por la autoridad judicial, luego de que a más de 4 años del derrumbe de la aeronave, las autoridades ministeriales y sus elementos probatorios, no han sido suficientes para concretar que existió delito alguno que amerite una sentencia condenatoria al imputado, quien durante más de tres años permaneció recluido en el Penal de San Miguel como medida cautelar.
Ahora, Antonio deberá continuar su proceso legal en libertad y bajo medidas cautelares como firma periódica, no salir del país, y otras más que no han sido especificadas de manera pública. Es importante destacar que ante este cambio en su proceso legal, José Antonio se suma a la lista de 4 personas que continuarán un proceso judicial en libertad tras haber sido apresados por este caso, sin embargo, siendo un total de 7 los que gozan de su libertad condicional, mientras que seis personas continúan presas, también son sentencia alguna por el mismo acontecimiento.
Como MILENIO Puebla ha informado previamente, el caso sobre la muerte de la gobernadora y el ex gobernador de Puebla, además de otras tres personas, que data desde el 24 de diciembre del 2018, ha sido señalado constantemente por las defensas legales de los imputados por estar presuntamente lleno de inconsistencias y lagunas legales, factores que han abonado a que no existan personas sentenciadas ni avances consistentes en la investigación.
Por su parte, de los 13 señalados cómo responsables de la caída del helicóptero Augusta con matrícula XA-BON, propiedad de Servicios Aéreos del Altiplano Sociedad Anónima de Capital Variable, aún hay seis trabajadores de la empresa aeronáutica, que continúan recluidos en el Penal de San Miguel y en el Penal de Huejotzingo, sin conocer si en algún momento existirá una sentencia en su contra o podrán conseguir su libertad.
CHM