El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Placido Valerio, reconoció que tiene a cuestas una orden de aprehensión por el delito de robo, por lo que retó a las autoridades: “me gustaría que me detuvieran, para que la Fiscalía después tuviera que pagar la reparación del daño”.
Placido Valerio confirmó que la organización que dirige se encuentra en un proceso de revisión de sus estructuras, mismo que derivará en una depuración de sus elementos, lo que de manera inevitable dejará fuera de la organización a los “infiltrados”.
Comentó que la organización no ha dejado solos a sus compañeros detenidos tras los hechos registrados en Marquelia, donde asegura, lo que en realidad hubo fue un acto de provocación y no un enfrentamiento como tal.
“Al comandante Jesús, El Chucho, no lo agarraron con droga ni con armas de grueso calibre, lo agarraron por una situación que se dio antes con un mando de la Marina, pero ahí no hubo un enfrentamiento”, destacó.
Dijo que se está dando seguimiento a la defensa legal del comandante de Marquelia y los demás detenidos en ese municipio de la Costa Chica.
Sostuvo que desde que la organización tomó el esquema de la Policía Ciudadana para defenderse del crimen organizado, han sido muchos los intentos por desmantelarla, lo que ha propiciado una serie de ataques que van desde las agresiones físicas directas hasta las denuncias penales.
Por ejemplo, dijo que hay integrantes delSistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) que tienen órdenes de aprehensión por el delito de secuestro.
“Lo que pasa es que los compañeros detuvieron a una persona por el delito de abigeo, pero el delincuente se puso de acuerdo con el dueño de las vacas y le pagó el monto, luego este denunció a los compañeros por la privación de la libertad y es de esa manera como se fabricó la acción penal en su contra”, explicó.
En su caso, dijo que tiene a cuestas una orden de aprehensión por el delito de robo, la que se remonta al tiempo en que Ángel Aguirre Rivero era gobernador del estado.
De manera contradictoria, dijo que hay quienes señalan que fue la administración de Aguirre Rivero la que le habría dado muchas facilidades para crecer, cuando es en ese tiempo que se le inició la acción penal, misma que asegura, no está justificada.
“A mi me gustaría que me detuvieran, para que luego la Fiscalía del Estado tuviera que pagar la reparación del daño, porque no pueden seguir en la práctica de fabricar delitos a quienes tomamos parte de movimientos sociales”, aseguró.
La persecución legal no es la única que enfrenta, señala que diferentes integrantes del crimen organizado lo han amenazado de muerte, a través de números telefónicos anónimos, que al investigar, resulta que las llamadas se realizaron desde el estado de Michoacán, la Ciudad de México y diferentes puntos de la entidad.
Lo más severo a lo que se ha enfrentado desde que forma parte de la UPOEG, es la pérdida de la vida de varios de sus compañeros, entre ellos Ernesto Gallardo Grande, uno de los principales comandantes de la Costa Chica y Miguel Angel Jiménez Blanco, originario de Xaltianguis, por menciona algunos.
“Cuando iniciamos sabíamos que varios de nosotros estábamos en peligro, pero siempre dijimos que era mejor que muriéramos algunos cien o más, a que siguieran las cosas como iban y que murieran miles”, anota.
ledz