Este 4 y 5 de enero la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPIEG) cumplirá un año de encabezar el movimiento más importante de autodefensa comunitaria contra la delincuencia organizada en Guerrero.
Son diez los momentos claves que se han registrado en el proceso de dicha organización, que dejó de ser autodefensa para constituir su Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC), aunque no aceptó incorporarse a la Policía Rural creada a petición del gobierno estatal, precisamente para regular a policías comunitarias y grupos de autodefensa.
I
En octubre de 2010 se funda la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Reivindica la lucha contra el cobro excesivo de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la apertura de caminos en zonas de alta marginación y el financiamiento de proyectos que generen desarrollo. Si líder es Bruno Placido Valerio, ex coordinador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
II
Los días 4 y 5 de enero de 2013 la UPOEG encabeza un movimiento de autodefensa contra los grupos de la delincuencia organizada que operaban en la Costa Chica, principalmente en Ayutla de los Libres y Tecoanapa.
Tras el secuestro de Alberto Eusebio García, comisario de Rancho Nuevo y promotor de la Policía Comunitaria en zonas no indígenas de la Costa Chica, se desplegó un operativo de búsqueda que logra la liberación forzada del representante comunal.
Los integrantes de la autodefensa detuvieron a 52 personas que los habitantes de los pueblos relacionaron con el crimen.
Durante la autodefensa los integrantes del movimiento se cubrieron el rostro y adoptaron identidades en clave, como “Comandante Guerrero” y “G-1”.
El único que no se encapuchó fue el principal dirigente, Bruno Placido Valerio.
III
El 2 de febrero, tras casi un mes de jaloneos públicos, la UPOEG presenta en una asamblea general en la comunidad de El Mezón a 52 detenidos durante el movimiento de autodefensa.
Entre los cautivos se indica la existencia de delincuentes sicarios, halcones, secuestradores, violadores y hasta un descuartizador.
Durante la asamblea se presenta un menor de 13 años que asegura, lo estaban entrenando para convertirse en sicario.
IV
El 5 de febrero, el gobierno del estado reúne en la residencia oficial Casa Guerrero a los principales representantes de la CRAC y la UPOEG; Pablo Guzmán Henández y Bruno Placido Valerio.
La administración estatal plantea la creación de una Comisión de Concordia y Pacificación para evitar la confrontación entre ambas organizaciones, estas le responden con un reproche por la incapacidad oficial para abatir los índices de violencia en las zonas urbanas.
Al gobierno federal le recuerdan el caso de Florence Cassez, la secuestradora francesa liberada no por ser inocente, sino por las irregularidades cometidas en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) bajo el mando de Genaro García Luna.
V
El 8 de febrero, a partir de la presión del gobierno federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la UPOEG decide entregar a las autoridades legalmente reconocidas a los delincuentes capturados durante el alzamiento de los primeros días de enero.
En el palacio muicipal de Ayutla acuden el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez y el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jesús Martínez Garnelo.
En cada caso hay un expediente que incluye declaraciones inculpatorias en diferentes delitos, la mayor parte de delincuencia organizada.
VI
El 7 de marzo, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva acepta una invitación de la UPOEG y acude a la comunidad de Ahuacachahue perteneciente a Ayutla, ahí escucha los testimonios de las victimas de secuestros, violaciones y desaparición de familiares.
El ombudsman reconoció que hacía falta conocer la versión de las víctimas para tener un panorama más claro de lo que pasa en la zona, pero después de varias semanas volvió a manejar un discurso severo ante el movimiento.
VII
El 23 de marzo, en la comunidad de Buena Vista, municipio de Tecoanapa la UPOEG integró el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) y dejó atrás la etapa de autodefensa para entrar en un proceso de regulación interna.
Se nombró a seis comandantes regionales y se dio a conocer que oficialmente había mil 080 policías ciudadanos operando en 15 municipios, todos pertenecientes a la Costa Chica.
El 25 de marzo, el comisario del San Juan del Reparo, Guadalupe Quiñonez fue asesinado tras denunciar en la agencia del Ministerio Público una denuncia contra un grupo de personas que pretendía cobrar piso en su localidad.
Salía del MP cuando fue alcanzado por un grupo de sicarios que lo asesinó a balazos en un taller ubicado sobre la carretera que va hacia Tecoanapa.
Esa noche ingresaron a la cabecera municipal de Tierra Colorada más de 2 mil hombres armados de la UPOEG y sometieron a la escolta de la alcaldesa del lugar Elizabeth Martínez Paz, también detuvieron y consignaron ante las autoridades el director de la Policía local Oscar Ulises Valle García, al que acusaron de jefaturar un grupo de sicarios.
Después de Tierra Colorada el SSC de la UPOEG ingresó a Xaltianguis, comunidad perteneciente al puerto de Acapulco, donde la población solicitó su intervención para bajar el índice de violencia derivado por la presencia de la delincuencia organizada.
La incursión se dio el 13 de junio, aunque el alcalde Luis Walton Aburto no simpatizó con el ingreso de las policías ciudadanas tampoco las combatió, hasta la fecha la UPOEG mantiene grupos de apoyo en la comunidad y en mayo pasado se tomó la protesta a un grupo de mujeres, lo que molestó a la Secretaría de Gobernación federal.
VIII
El 1 de julio, la UPOEG tuvo un acercamiento con la dirigencia del sector empresarial de Chilpancingo que solicitó su ingreso a la capital para bajar el índice de secuestros y homicidios.
A petición del gobierno municipal, el ejército intervino y la situación quedó solo en una marcha por la paz encabezada por los principales comandantes del SSC, que en las instalaciones del Congreso local demandaron resultados concretos para regresar la tranquilidad al sector productivo.
IX
El 5 de agosto, activistas de la UPOEG y del SSC retuvieron durante casi 48 horas a más de cien militares en la carretera Tecoanapa-Ayutla de los Libres, acusaron al capitán al mando de proteger a un grupo de delincuentes que pretenden reasumir el control de la región.
La acción de la unión de pueblos generó malestar en el gobierno estatal y federal, que ratificaron su cercanía con el ejército y advirtieron que no tolerarían más acciones de ese tipo.
X
En diciembre pasado el gobierno estatal logró que el Poder Legislativo de Guerrero aprobara la creación de la Policía Rural, corporación que aglutinaría en un solo frente a los grupos de autodefensa y policías comunitarias.
La UPOEG y la CRAC se opusieron, pero fue la unión de pueblos la única organización que hizo una contrapropuesta a los diputados locales, ya que solicitó una consulta en las comunidades para explorar el nivel de aceptación que alcanzaba la medida.