El Congreso de Baja California exhortó a todos los municipios de la entidad para que realicen un análisis estructural en materia de hidrocarburos, para fomentar la libre competencia y sentar las bases para terminar con el monopolio del gas en la entidad con base a disposiciones, regulaciones y determinaciones administrativas que contravienen con las disposiciones federales, y con ello disminuir el elevado costo que la población del estado resiente por la distribución de los combustibles y sus derivados.
El exhorto impulsado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Montserrat Caballero Ramírez, indica a los alcaldes Marina Del Pilar Ávila Olmeda de Mexicali, Luis Arturo González Cruz de Tijuana, Hilda Araceli Brown Figueredo de Rosarito, Olga Zulema Adams Pereyra de Tecate y Armando Ayala Robles de Ensenada, y a todos de Morena.
Si bien es cierto que la Ley General de Asentamientos Humanos otorga atribuciones a los Municipios para regular, controlar y vigilar las reservas, usos del suelo y destinos de áreas y predios, también es que de acuerdo a las leyes generales ambientales, leyes federales en materia de hidrocarburos y a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), los municipios carecen de facultades para fijar las reglas a las que se sujetarán las estaciones de servicio relacionadas a la venta de combustibles.
El exhorto, aprobado por la XXIII Legislatura de Baja California, también solicita al Fiscal General del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, ajustarse en sus atribuciones y dejar de realizar acciones y procedimientos que están fuera de su funciones, de acuerdo a la regulación federal que rige a los entes jurídicos que desarrollan actividades de venta y distribución de hidrocarburos y sus derivados en el estado de Baja California.
La diputada morenista también pidió al titular de la Secretería de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, para que en se realice las acciones necesarias con el objetivo de generar los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la libre concurrencia, buscando siempre y en todo momento garantizar las condiciones de generar un crecimiento económico, promoviendo la inversión y generación de empleo en la entidad.
La presidenta de la Junta explicó en el exhorto, que “por más de una década, en el estado de Baja California, concretamente los municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana, han venido presentando un fenómeno en el que el suministro de los principales combustibles se ha desarrollado únicamente por una o dos personas jurídicas, que ha sido documentado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya desde el año 2016”.
El instrumento legislativo también solicita al titular de la Agencia Nacional De Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) Ángel Carrizales López, refuerce su presencia en el Estado, y lleve a cabo operativos y visitas de inspección que permitan la protección y defensa del medio ambiente.
Se pidió además al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Leopoldo Vicente Melchi García, analizar los reportes de venta y transporte de hidrocarburos y sus derivados el estado fronterizo, con la intención de propiciar la libre competencia entre todos.