A casi 15 años de la masacre perpetrada en marzo de 2011 en el municipio de Allende, Coahuila, familiares de las víctimas reiteraron a MILENIO su exigencia de una reparación integral del daño por parte del Estado mexicano, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que buscará probar en juicio que Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, fue autor intelectual y material de las masacres de Allende y Piedras Negras.
La reactivación del caso en tribunales estadunidenses ha abierto nuevamente la herida para quienes perdieron a padres, hijos, hermanos y su patrimonio durante los hechos ocurridos entre el 18 y el 20 de marzo de 2011. Para ellos, mientras en el extranjero se avanza en la judicialización de uno de los principales líderes de Los Zetas, en México la deuda en materia de reparación del daño continúa pendiente.
“Le toca a México hacer algo”
Silvia Garza Villarreal, hija de una de las víctimas de la masacre de Allende, afirmó que en Estados Unidos se está logrando lo que en México —dijo— parecía imposible, debido a un sistema de justicia que calificó como corrompido.
“Ahora le toca a México hacer algo, que es cumplir y pagar, así lo marca la ley para todos, no solo para beneficio de los que están en el poder. Pedimos que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, exija que se haga bien y justamente el trabajo para las víctimas que tienen años solicitando justicia expedita, dado el gran daño cometido por la autoridad en todos los niveles”, expresó.
Omisiones oficiales y una tragedia evitable
Garza Villarreal aseguró que la masacre pudo evitarse si las autoridades de los distintos órdenes de gobierno hubieran atendido los reiterados llamados de auxilio que, según las víctimas, se realizaron antes y durante los días en que grupos criminales irrumpieron en viviendas, incendiaron propiedades y desaparecieron a decenas de personas.
Recordó que durante el sexenio del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se ofreció una disculpa pública y se garantizó el cumplimiento de la Recomendación 10VG/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin que hasta ahora —subrayó— se haya concretado la reparación integral del daño.
“Queremos que las leyes se cumplan, que los organismos respondan verdaderamente, porque las garantías de los derechos humanos han sido una mera simulación. Es un engaño para el mundo entero decir que México cumple; México no solo no cumple, sino que engaña”, sostuvo.
Retrasos y dilaciones en la CEAV
La activista afirmó que, durante estos años, las familias han enfrentado excusas y dilaciones por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia responsable de coordinar la reparación integral del daño a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
“Por todos estos años hemos reclamado y exigido justicia para la tragedia más grande dentro de una misma familia en pérdidas humanas y materiales, que fue perseguida, torturada y aniquilada por casi dos años, mientras las autoridades y el narco terminaban su encomienda ordenada por sicarios. Esto es lo que ha provocado el sistema putrefacto de gobierno en México”, expresó.
El amparo y la disputa de competencias
Garza Villarreal recordó que, con el acompañamiento legal del abogado Jesús González Schmal, ella y otras dos personas afectadas interpusieron un amparo para obligar a la CEAV a asumir su responsabilidad en la reparación del daño. Aunque el recurso fue ganado en primera instancia, desde 2023 —señaló— las prórrogas y recursos legales por parte de la dependencia federal han sido constantes.
En algunos casos, explicó, la CEAV ha argumentado que la instancia federal ya cumplió con lo que le correspondía, trasladando la responsabilidad al ámbito estatal. Para las familias, esta disputa por competencias ha significado años de espera y una revictimización permanente.
El abogado González Schmal informó el 15 de enero de 2024 que el amparo presentado en última instancia contra la CEAV por incumplir con la ley fue favorable a las víctimas; sin embargo, la dependencia impugnó la resolución, prolongando el proceso.
¿Qué establece la Recomendación 10VG/2018?
La Recomendación 10VG/2018 fue emitida el 19 de marzo de 2018 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tras documentar violaciones graves a derechos humanos en los hechos ocurridos en Allende en marzo de 2011.
El documento contiene 37 puntos dirigidos a la entonces Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, al Gobierno del Estado de Coahuila, a la Fiscalía General del Estado y a la presidencia municipal de Allende.
Entre las acciones más relevantes se encuentra la reparación integral del daño mediante el pago de una compensación o indemnización justa, considerando la gravedad de los hechos y su impacto en las familias. También contempla atención médica y psicológica especializada, con enfoque diferenciado de edad y género, para atender las secuelas psíquicas y emocionales derivadas de la violencia.
Otro punto establece la realización de un censo para confirmar el número de habitantes víctimas de desplazamiento forzado interno, así como la obligación de los gobiernos local y estatal de colaborar en las investigaciones para sancionar a funcionarios públicos presuntamente involucrados por acción u omisión.
A siete años de su emisión, los familiares sostienen que el cumplimiento ha sido parcial y que la reparación integral sigue pendiente.
El proceso contra el Z-40 en Estados Unidos
Las masacres de Allende y Piedras Negras forman parte del expediente judicial que enfrenta Miguel Ángel Treviño Morales en Estados Unidos. El Departamento de Justicia informó que buscará probar que el exlíder de Los Zetas fue responsable del asesinato de hombres, mujeres y niños en Coahuila.
Además, fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos de la División Criminal señalaron que, incluso después de su detención en 2013 en México, Treviño Morales habría continuado delinquiendo desde prisión y sobornando al director de un penal de máxima seguridad.
En un escrito dirigido al juez Trevor McFadden, los fiscales se opusieron a la solicitud de la defensa para retirar las Medidas Especiales Administrativas (SAM), régimen aplicado a terroristas y delincuentes de alta peligrosidad, autorizadas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.
Disculpa pública y sentencias en Coahuila
El 27 de junio de 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el entonces gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezaron una ceremonia de disculpa pública ante familiares de las víctimas.
Aunque se ofreció garantizar el cumplimiento de la recomendación de la CNDH, las familias señalan que la disculpa no se ha traducido en acciones suficientes.
En el ámbito judicial estatal, el 20 de marzo de 2023 la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencias contra 11 personas, incluidos cinco exelementos de la Policía Municipal, con penas de entre 150 y 175 años de prisión.
Apertura del gobierno estatal
Sobre el proceso contra el Z-40 en Estados Unidos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que su administración mantiene colaboración con autoridades nacionales y extranjeras en temas de seguridad.
Indicó que la Fiscalía General del Estado es la instancia que puede brindar detalles sobre solicitudes formales de información, y sostuvo que su gobierno mantiene total disposición para colaborar en investigaciones internacionales.
Una deuda que sigue abierta
Para las familias de Allende, la reactivación judicial del caso representa una esperanza de verdad y justicia, pero también un recordatorio de la deuda pendiente del Estado mexicano.
A casi tres lustros de los hechos, la exigencia central se mantiene: justicia plena, verdad y una reparación integral que incluya indemnización, atención psicológica, garantías de no repetición y el reconocimiento de las omisiones institucionales que permitieron la tragedia de marzo de 2011.
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