El asesinato de cuatro empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2020 a manos de un comando armado que les propinó más de 400 disparos mientras realizaban un operativo para detectar tomas clandestinas en Querétaro, continúa impune hasta la fecha. No hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión y no hay un proceso en curso.
De hecho, a mediados de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR), que está a cargo de la investigación, intentó cerrar de forma definitiva el caso sin proceder en contra de alguna persona.
Las víctimas se inconformaron y presentaron un recurso ante un juez federal, quien resolvió que la fiscalía debía seguir trabajando el caso y abrió nuevas líneas de investigación.
“Nosotros hemos revisado la carpeta. El trabajo de investigación ha sido muy pobre desde hace mucho tiempo. Prácticamente han pasado años sin haber mayores diligencias. Y esto no es un capricho. Las víctimas quieren que haya detenidos y responsables por un fundamental anhelo de justicia y verdad”, dijo en entrevista la abogada Reyna Velasco, asesora de las víctimas.
MILENIO reveló ayer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) rechazó indemnizar a la familia de José Guadalupe Pacheco Malagón, supervisor adscrito al área de Salvaguardia Estratégica de Pemex, y uno de los cuatro trabajadores que fueron asesinados.
Lo anterior, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación instruyendo a las autoridades a que se reparara el daño a la familia por las graves fallas en que Pemex incurrió al haberlo enviado a él y a su equipo sin las salvaguardas necesarias.
Con independencia del tema de la indemnización, la CNDH también urgió en su recomendación emitida desde 2023 una mayor coordinación de las autoridades y específicamente de Pemex con la FGR, para que la indagatoria pudiera avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.
Sin embargo, y como los documentos a los que tuvo acceso este medio lo demuestran, nada cambió a partir de 2023 y el caso, en los hechos, se ha mantenido prácticamente congelado.
Cinco años perdidos
El homicidio de Pacheco Malagón y de los tres integrantes de su equipo ocurrió el 13 de agosto del 2020 durante un operativo para supervisar reportes de actividades de robo de combustible a través de una toma clandestina.
Poco después de las 22:00 horas, la camioneta en la que viajaban fue emboscada por hombres armados al pasar por un puente en la comunidad de Cazadero, municipio de San Juan del Río, Querétaro.
En total, los peritos contabilizaron 403 disparos efectuados en contra de la camioneta. Todos los funcionarios murieron en el sitio. No hubo posibilidad de defensa porque, entre otras omisiones, no se pidió ni se contó con el apoyo de la Guardia Nacional o de las fuerzas armadas para este recorrido, pese a que así lo marcaban los protocolos.
A través de su delegación en Querétaro, la FGR abrió la carpeta de investigación FED/QRO/SJR/0001735/2020 por el delito de homicidio calificado, —ya que las víctimas eran funcionarios federales— además de delitos de robo de hidrocarburos.
Pemex entregó, en ese momento inicial, diversa información relacionada con las víctimas y con las acciones que se estaban implementando.
Los primeros hallazgos apuntaron a que lo ocurrido se trató de un asesinato ligado a un grupo criminal con recursos y poder para llevarlo a cabo.
El 23 de diciembre de 2021, el delegado estatal de la FGR en Querétaro solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) que atrajera el caso, pero dicha fiscalía se negó a hacerlo.
La carpeta permaneció en la referida delegación sin mayores avances, hasta que el 25 de junio de 2025 el fiscal federal Javier Octavio Mejía de los Santos informó por escrito a las víctimas sobre la determinación de cerrar la carpeta con un “no ejercicio de la acción penal”, es decir, sin proceder penalmente en contra de nadie.
Los asesores jurídicos de la víctima promovieron un recurso de nulidad ante un juez de control del estado, el cual determinó instruir a la FGR para que la carpeta fuera reabierta y se atendieran nuevas líneas de investigación al respecto.
El 21 de julio del mismo año, vía correo electrónico, el mismo fiscal informó de la reactivación de la indagatoria.
En ese contexto, el 15 de noviembre del año pasado, los familiares sostuvieron una reunión con los fiscales, quienes se comprometieron, entre otras cosas, a seguir nuevas líneas de investigación del caso; llevar a cabo entrevistas con personal de Pemex relacionado con estos hechos y explorar la posibilidad de ofrecer recompensas por información que lleve a la captura de los responsables.
No es capricho, es justicia
En entrevista con MILENIO, Reyna Velasco subrayó que la familia de José Guadalupe Pacheco Malagón y de los otros trabajadores muertos quieren que la fiscalía pueda investigar de forma correcta los hechos, se identifique a los responsables, se proceda penalmente en su contra y haya un juicio.
No obstante, la litigante reconoció que, a la luz del trabajo realizado en todos estos años dentro de la carpeta de investigación, luce complicado que la FGR pueda esclarecer los hechos, pues, pese al tiempo transcurrido, son pocas las pistas reunidas respecto a la identidad de los asesinos.
“Sin embargo, pese a todo lo que las víctimas quieren es que este no sea un tema más que se archive de manera definitiva que es el efecto que tendría un no ejercicio de la acción penal, sino que la fiscalía siga investigando y realmente den con los responsables del hecho. Buscan que estos puedan ser llevados ante el juez y sean procesados”, indicó la abogada.
ksh