A 12 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, aún faltan nueve cuerpos por identificar, mientras que siete familias siguen exigiendo la exhumación de los restos que les fueron entregados como sus seres queridos, ante la falta de pruebas concluyentes que determinen que efectivamente se trata de sus familiares.
Así lo destacan asociaciones y organismos como la Fundación para la Justicia en un documento signado por más de 50 organismos, donde consideran que se requiere la creación de una Comisión Especial para investigar las masacres y desapariciones en contra de personas migrantes.
Señala que seis familias de Guatemala y una de Brasil llevan cerca de 10 años esperando la revisión de identificación de los cuerpos que les fueron entregados fast-track, entre 2010 y 2011, sin explicación, sin documentación, sin siquiera poder verlos.
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“No se ha contado con la voluntad del gobierno mexicano para que logren un acuerdo con sus pares guatemaltecas, que permita la exhumación de los cuerpos en territorio guatemalteco y la revisión de los mismos por parte de la Comisión Forense, integrada por peritos de la Fiscalía General de la República y del Equipo Argentino de Antropología Forense”, expone el documento.
Se recordó que el año pasado murió Ángela Pineda Morales, sin saber si los restos que recibió hace más de 10 años son efectivamente de su hija Mayra Izabel. “No podemos seguir permitiendo que más madres, esposas, hermanas fallezcan sin saber en dónde están sus seres queridos”, destaca el organismo.
No obstante, su trascendencia social, política y en materia de derechos humanos, reclaman que el caso permanece en la impunidad, pues a 12 años del crimen no hay una sola sentencia por la masacre.
Solo dos sentencias
Hasta ahora las únicas dos sentencias relacionadas con los imputados derivaron de otros hechos, como es delincuencia organizada y portación ilegal de armas de fuego.
“Los tratados de cooperación y asistencia mutua entre México y los países de la región ya no responden a las necesidades que impone en la actualidad la problemática. Por eso, urge la conformación de la Comisión Especial para la Investigación de Masacres y Desapariciones de Personas Migrantes, recomendada por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su último informe de visita a México, para éste y otros casos de masacres y desapariciones de personas migrantes, con participación y asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales”, señalan.
Los afectados finalizan al señalar que las personas migrantes continúan siendo objeto de discriminación, abusos y múltiples delitos, como secuestros, extorsión, violación, trata con fines de explotación laboral y sexual y homicidio.
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SJHN