Durante los últimos años, los pueblos de la Montaña baja de Guerrero han sufrido un proceso de confrontación, primero alentado por la pugna entre grupos del crimen organizado, pero también derivado del surgimiento de movimientos de autodefensa armada, que a pesar de reivindicar la lucha por la pacificación de los territorios, han generado masacres que permanecen en la impunidad.
La violencia que inicialmente se genera en Chilapa -la séptima ciudad más poblada de Guerrero-, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía e Información (Inegi) se extiende hacia sus vecinos de Zitlala y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
De acuerdo con datos históricos, la fundación de Chilapa se remonta al año de 1458, durante el mandato del emperador Moctezuma, su significado deriva de la lengua Náhuatl y existen por lo menos dos versiones etimológicas para explicarlo: Chilapan, “Sobre el río rojo rojo” o “lugar de chilares”.
Lo cierto es que desde su fundación, este municipio cuya cabecera se ubica en la región Centro, pero que sus comunidades alcanzan la Montaña baja, vive desde 2014 el periodo más violento de su historia, en el que los asesinatos dolosos, la desaparición de personas, el secuestro y los actos de tortura han dejado profundas huellas en la memoria colectiva de sus habitantes.
El primer gran caso denunciado públicamente
En diciembre de 2014, cuando estaba en su momento más álgido el movimiento alentado por los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala desde la noche del 26 de septiembre de ese año, el profesor José Díaz Navarro, vocero del colectivo “Siempre Vivos” hizo una primera aparición pública en las instalaciones de la Normal Raúl isidro Burgos, en Tixtla.
Llegó acompañado de algunas familias de Chilapa, para tratar de llamar la atención de los medios de comunicación, también de las organizaciones internacionales que se encontraban en el lugar para dialogar con los padres de los muchachos atacados por células del cártel de Guerreros Unidos, coludidos con la policía preventiva local.
Unos días antes, el 25 de noviembre de ese año, los hermanos del profesor; Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, fueron privados de la libertad en el crucero del Jaguey, junto con ellos viajaban el empresario constructor, Vicente Apreza y los arquitectos Jesús Romero Mojica y Mario Montiel Ferrer, los dos últimos originarios de Cuautla, Morelos.
El profesor Díaz Navarro, en la Normal Rural, denunció que sus dos hermanos y los tres acompañantes viajaban a bordo de una camioneta que contaba con un dispositivo de localización, que permitió establecer la ubicación de la unidad en un domicilio de la cabecera municipal de Quechultenango.
Días después de la desaparición, los hermanos Díaz Navarro y sus acompañantes fueron encontrados desmembrados y calcinados en las inmediaciones de Chilapa, fueron reconocidos luego de que se les practicaron varias pruebas de ADN.
Con la desaparición y asesinato de sus hermanos, el profesor Díaz se alejó de la docencia y comenzó el camino peligroso del activismo, sumando en su recorrido a madres, esposas, hijos y hermanos de personas desaparecidas, asesinadas o expulsadas de sus pueblos, por no someterse a los intereses de los grupos de la zona.
No solo lo acompañaban habitantes de la cabecera municipal, también se han sumado pobladores de pueblos que pertenecen a los municipios de Zitlala y José Joaquín de Herrera, principalmente.
La violencia que busca enfrentar ha sido provocada inicialmente por dos grupos del crimen organizado; Los Rojos, liderados por Zenén Nava, El Chaparro, que actualmente se encuentra preso y Los Ardillos, que encabezan los hermanos Celso, Antonio e Iván Ortega Jiménez.
Pero en los últimos años surgieron otros actores, como la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, que para diferenciarse de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) asumieron la terminación Pueblos Fundadores (PF).
La CRAC-PF surge inicialmente en Rincón de Chautla y se extendió hacia 17 pueblos de Chilapa y de José Joaquín de Herrera, con la consigna de defenderse de Los Ardillos, sin embargo, en el transcurso del tiempo las células que lo integran se han distanciado y mantienen confrontación ideológica, marcando territorio pero utilizando aún el mismo uniforme y las siglas de la CRAC-PF.
Para esa organización extenderse no ha sido sencillo, pues no todos los pueblos han aceptado incorporarse a sus filas y asumir en automático que están en conflicto con Los Ardillos o con su extensión social, “Comunitarios por la paz y la justicia”.
La ocupación de Chilapa
Meses después, del 9 al 14 de mayo de 2015, se registró uno de los capítulos más siniestros que ha vivido la cabecera municipal de Chilapa.
En la víspera del Día de las Madres, aún con personal de la Gendarmería Nacional, una corporación creada en la administración de Enrique Peña Nieto, cerca de 300 hombres armados que se presentaron como la Asociación Civil “Comunitarios por la Paz y la Justicia” ingresaron a Chilapa procedentes del corredor que comunica con el vecino municipio de Quechultenango.
“Paz y Justicia” desarmó a la policía preventiva municipal, sacó de la localidad a la Policía del Estado y trató de someter al personal de la Gendarmería Nacional, cuyos mandos se opusieron a dicha acción y se enfrascaron en una discusión de varias horas.
La Gendarmería permaneció en Chilapa, pero acotados al perímetro del hotel en que se hospedaban, sin expulsar a las células de civiles armados que rápidamente se distribuyeron en las colonias y barrios tradicionales de la ciudad.
Desde la tarde del 9 de mayo y hasta la mañana del 14, Paz y Justicia operó con un amplio margen de libertad, realizando detenciones, cateos e instalando retenes en todos los accesos, el argumento fue que buscaban a Zenén Nava, líder del grupo delictivo Los Rojos.
Cuando la incipiente organización que dirigía José Díaz Navarro pretendió manifestarse para exigir que abandonaran la ciudad, fueron reprimidos a golpes y varios de los reporteros que cubrían la protesta fueron sometidos y despojados de sus equipos de trabajo, las imágenes del hecho se borraron de las memorias de cámaras fotográficas y teléfonos celulares.
Cuando Paz y Justicia se retiró de Chilapa, las familias afectadas hicieron un primer recuento que arrojó el número de 30 personas desaparecidas, de las que hasta el momento se desconoce su paradero.
José Díaz Navarro siempre ha dicho que en realidad la cantidad de personas desaparecidas es mayor, pero las familias se negaron a denunciar por miedo a las represalias.
Días después, en Xiloxuchicán, comunidad ubicada en el corredor que lleva hacia Quechultenango, los comisarios que se dijeron coordinadores de Paz y Justicia, manifestaron que hasta antes del 9 de mayo, ellos habían solicitado a las autoridades la localización de 30 personas que desaparecieron en Chilapa, para eso acudieron al ayuntamiento, solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) pero que nunca se les dio atención.
Por esa razón decidieron ingresar a Chilapa para realizar sus propios trabajos de búsqueda, pero no encontraron a nadie y solo se generó el saldo de 30 desaparecidos más.
Quezalcoatlán, amargo Día de Reyes
Al inicio del siguiente año, la madrugada del 6 de enero de 2016, en la comunidad de Quezalcoatlán, municipio de Zitlala, los habitantes reportaron la incursión de una célula de integrantes del grupo delictivo Los Ardillos.
En esa acción, seis personas fueron asesinadas, cuatro varones adultos, una mujer y un menor de 14 años.
Tras el ataque, 50 personas aprovecharon la presencia de personal de la Policía del Estado y del Ejército para abandonar el pueblo, hasta el momento no han regresado y la mayoría permanecen dispersos en calidad de desplazados.
La causa de la incursión, de acuerdo con las autoridades, fue el control de la ruta para producir y mover amapola y mariguana.
Además, los lugareños habían sido “invitados” a formar parte de la estructura delictiva de Los Ardillos, pero no aceptaron y pagaron las consecuencias.
Masacre de 'Ardillos' en Rincón de Chautla
Tres años más tarde, el 27 de enero de 2019, en el crucero que va hacia Rincòn de Chautla, sobre la carretera estatal Chilapa-José Joaquín de Herrera, un grupo de 12 integrantes de Los Ardillos fue masacrado por supuestos integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla.
Ese día en realidad hubo dos enfrentamientos; uno sobre la carretera estatal y el otro en la entrada de la comunidad, donde se encuentra la principal base de operaciones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Los hermanos David y Bernardino Sánchez Luna, señalaron en su momento que los agresores fueron percibidos desde que bajaban hacia la localidad, serpenteando en un camino de terracería a bordo de por lo menos seis camionetas.
Ellos calcularon que fueron por lo menos 50 los agresores, quienes pudieron tener a su favor el factor sorpresa, pero operó en su contra una gruesa cadena de acero afianzada a dos postes que no pudieron derribar, lo que les impidió llegar hasta el centro de la comunidad.
Los de la CRAC-PF se parapetaron tras las enormes rocas que se encuentran en el acceso principal y se desató un enfrentamiento que terminó cuando los agresores decidieron retirarse, dejando en el lugar a sus muertos.
Cerro arriba se desataba otro enfrentamiento, pero de acuerdo con lo reportado, en ese lugar los sorprendidos fueron los supuestos delincuentes, que mantenían un retén para evitar el paso de los pobladores de Rincón de Chautla, que durante varias semanas permanecieron aislados.
San Jerónimo Palantla, relato oscuro de la CRAC-PF
Pero la Policía Comunitaria de Pueblos Fundadores no solo tiene en su haber el relato de acciones de autodefensa contra el crimen.
En San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa de Alvarez, los lugareños aseguran que varios de sus vecinos, entre ellos una mujer embarazada fueron masacrados por no aceptar incorporarse a la Policía Comunitaria de Pueblos Fundadores.
Clemencia Guevara Tejedor, dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), recuerda que el 8 de febrero de 2015, cuando la CRAC-PF se encontraba en proceso de crecimiento, sus coordinadores los invitaron a incorporarse a dicha organización.
Se convocó a una reunión en la comisaría, lugar en el que el comisario de la localidad informó que la decisión del pueblo era quedarse al margen de la CRAC-PF, porque sumarse implicaba entrar en conflicto con Los Ardillos, organización delictiva que nunca los había agredido y con la que preferían no confrontarse.
Constantino Nava Calvario, uno de los hombres que estuvieron durante la reunión del 8 de febrero de 2015, sostuvo que una vez conocida la respuesta, los integrantes de la CRAC-PF se apostaron frente a la comisaría, arrinconaron a los pobladores y abrieron fuego.
El saldo fue de cinco personas muertas, entre ellas una mujer embarazada.
Nava Calvario recuerda que corrió hacia la barandilla de la comisaria y se escondió, incluso hasta él llegaron otros pobladores y siguieron su ejemplo para ponerse a salvo.
Los de Rincón de Chautla se retiraron, pues al escuchar las detonaciones, los pobladores de la localidad que tienen armas de fuego se organizaron para responder.
Aunque por ese hecho se inició una investigación que derivó en la liberación de 57 órdenes de aprehensión, hasta el momento ninguna de ellas se ha ejecutado.
Los músicos de Alcozacán
Otra masacre que marcó la pulverización de los pueblos que habitan la Montaña baja de Guerrero, fue la perpetrada en contra de 10 integrantes del grupo “Sensación”, originarios de la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa, quienes habían sido contratados para amenizar una fiesta en Tlayelpan, perteneciente al vecino municipio de José Joaquín de Herrera.
Ellos fueron atacados cuando regresaban, a la altura de la comunidad de Mexcalcingo, entre las víctimas se encontraba un menor de 15 años, quien era el hijo de la dueña del conjunto.
La masacre ocurrida el 27 de enero de 2020 provocó un bloqueo a la carretera estatal Chilapa-Hueycantenango, porque los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Forense de Chilpancingo y dado que fueron calcinados, había muchas complicaciones para realizar la identificación, de ahí que el proceso de entrega fuera lento.
Durante ese bloqueo que se realizó en Alcozacán, la CRAC-PF presentó una columna de 37 niños comunitarios, que estuvo integrada por menores de 13, 12 y hasta 10 años, que vestían playeras verde olivo, portaban rifles de bajo calibre y en algunos casos, pedazos de madera que pretendían parecer armas de fuego.
La difusión de dichas imágenes movió al entonces gobernador Héctor Astudillo Flores y parte importante de su gabinete, que acudieron al lugar para ofrecer la pacificación de la zona, a cambio solicitaron que no se volviera a colocar en las manos de los niños armas de fuego.
La CRAC-PF aceptó sentarse a dialogar y a cambio de no volver a presentar a los niños comunitarios solicitó al gobierno del estado que se dejaran sin efecto las órdenes de aprehensión generadas por la masacre en San Jerónimo Palantla.
El ex fiscal Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó que a los músicos de Alcozacán los habían asesinado supuestos integrantes de Los Ardillos, pero nunca se registró una detención.
Días después, el gobierno del estado propició una reunión en la comunidad de El Jaguey, en la zona de influencia de “Paz y Justicia”, lugar en el que se presentó Ceverino Tlatempa, coordinador de las policías comunitarias que operan en 27 pueblos de Chilapa y Quechultenango, quien aceptó que a dicho territorio entraran los programas oficiales, pero a cambio solicitó la ejecución de las órdenes de aprehensión existentes contra Rincón de Chautla.
Mientras no se ejecuten esas órdenes de aprehensión, advirtió, los pueblos de Paz y Justicia asumirán que hay protección oficial para Rincón de Chautla y la CRAC-PF.
…Y nadie se escapa
A partir de la violencia que se ha desatado en la zona, el mercado milenario, que desde la época prehispánica se instalaba en Chilapa ha quedado cada vez más acotado.
La actividad política también se ha visto afectada, pues se han cometido crímenes en contra de candidatos a presidentes municipales y diputados locales, tanto en Chilapa como en Zitlala.
La Cuarta Transformación también ha sido afectada, pues en 2017, un año antes de la elección presidencial, el dirigente del Movimiento Social de Izquierda (MSI), integrante de la coordinadora Pro AMLO y cercano al senador Félix Salgado Macedonio, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y un ahijado, fueron asesinados cuando trataban de abandonar Chilapa para llegar a su natal Ahuocoutzingo.
Los cadáveres de las cuatro personas fueron calcinados y la unidad en llamas se localizó en la comunidad de Nejapa.
Como en todos los crímenes que tienen la marca de la delincuencia organizada, el de Ranferi Hernández, quien en su juventud fuera acusado de financiar al Ejército Popular Revolucionario (EPR) con su salario de diputado local, es un caso que permanece impune.
Por esa impunidad, el riesgo de más violencia es latente.
Constantino Nava Calvario, habitante de San Jerónimo Palantla y sobreviviente a dos atentados, sostiene que el principal problema que se tiene, es que los perpetradores de la violencia no han sido castigados.
“Como nunca les han hecho nada piensan que pueden seguir”, asegura Nava Calvario, quien reconoce que la posibilidad es real, de ahí que señale que en su pueblo se viva de manera constante en la zozobra: “pues nos han dicho que en cualquier momento nos van a volver a hacer otra fiestecita”.
En su momento, David Sánchez Luna, uno de los principales coordinadores de la CRAC-PF sostuvo que la confrontación no es entre los pueblos, en su caso, la consigna está dirigida hacia Los Ardillos, el problema es que en muchas localidades los habitantes los protegen y por esa razón, el brazo de la justicia no los alcanza.
ledz