Cuando aún tenía las piernas firmes, Rafael salió a corretear a un ladrón de borregos que escapó por las veredas de San Pedro Tlanixco. Doce años después, sus pasos cansinos deambulaban por los pasillos del penal de máxima seguridad del Estado de México, donde pasó una sexta parte de su vida acusado de homicidio. Sus huaraches de hule y tela se arrastraban por el concreto frío mientras su abogado escuchaba los pormenores de su caso con el objetivo de sacarlo de prisión.
Como muchos otros reos nahuas, tarahumaras o zapotecas, este campesino que llegó a cumplir 77 años no tuvo un abogado de oficio especializado en derecho indígena ni acceso a un traductor. Y al igual que tres de cada 10 presos nativos de pueblos originarios, Rafael nunca corrió con la suerte de que un juez le dictara sentencia.
Su defensor legal, Pedro Sánchez Berriozábal, también pasó por las mismas. Estuvo 16 años en la cárcel luego de un proceso irregular, hasta que la ONU exhortó a las autoridades mexicanas corrigieran las múltiples violaciones al debido proceso. Tras las rejas, estudió y estudió hasta que se hizo experto en derecho indígena. Ahora este nahua de 56 años es un defensor de indígenas que va por la libertad de los suyos.
Pedro todavía recuerda que Rafael tomó aire para contarle que, tras ser arrestado, le dio a las autoridades los nombres de las personas con las que estuvo cuando ocurrió el crimen del ladrón de borregos. “No me los tomaron en cuenta. El ministerio público dijo ‘Tú ya estás aquí, ya te chingaste’”, dijo Rafael Martínez Hinojosa desde el penal de máxima seguridad del Estado de México, en Tenango del Valle.
A pesar de los denuedos de su abogado, Rafael no logró salir de prisión con vida. Sin haber recibido la vacuna contra el covid-19, a mediados de 2021 contrajo el virus inclemente que lo hizo regresar a su pueblo para ser velado frente al coraje y al llanto de los suyos.
Como Rafael, miles de nativos de los pueblos originarios padecen procesos legales plagados de irregularidades en los 319 centros de reclusión que hay en el país, razón por la cual el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó en 2020 la Ley de Amnistía que, entre otros beneficios, pretende favorecer a los indígenas que no hayan tenido juicios justos por falta de intérpretes o violaciones al debido proceso.
Ley de Amnistía y presos indígenas
El último Censo Nacional del Sistema Penitenciario (INEGI-2022), único instrumento con datos desagregados por grupo vulnerable, revela que la Población Indígena Privada de su Libertad (PIPL) pasó de 6 mil 889 personas en 2020, a 7 mil 055 al cierre de 2021.
La mayoría de la población carcelaria pertenece a los pueblos náhuatl (16.2%), tarahumara (9%), zapoteco (7.5%), mixteco (5.9%), otomí (5.9%), maya (5.6%) y 17 pueblos originarios más. Los tarahumaras es el grupo con más ingresos a prisión: pasaron de 4.9 a 9 por ciento del total de indígenas encarcelados. Los más favorecidos fueron los zapotecos, quienes bajaron de 15.4 a 7.5 por ciento.
Los especialistas en la materia reconocen las bondades de esta legislación, pero critican que la mayoría de los estados no hayan homologado sus leyes locales, una circunstancia que ha frenado el avance de resultados.
La Ley de Amnistía se aprobó en 2020. Poco después, en 2021, el presidente López Obrador emitió un decreto para liberar con rapidez a mayores de 75 años, sin delitos graves, y de más de 65 años con enfermedades crónicas; exhortó a los gobiernos estatales para legislar leyes de Amnistía locales que puedan liberar a quienes les hayan violentado en sus derechos humanos y de acceso a la justicia, lo cual se ha logrado solo en seis entidades: Estado de México, Hidalgo, Durango, Sinaloa, Tlaxcala y Quintana Roo.
De acuerdo a información de la Secretaría de Gobernación, hasta el 3 de mayo de este año ya habían sido beneficiadas por la Ley de Amnistía 167 personas, de las cuales 79 están en libertad.
Ser indígena en México
El 28 de junio de 2009 a Agustín Martínez Hinojosa le fueron robados cuatro borregos del patio de su casa, en Tlanixco, Estado de México. Su hermano Rafael y su cuñado Brígido Perdones acudieron en su ayuda y salieron a buscar a los animales. Rafael se fue al sur y los otros al norte, donde hallaron al presunto ladrón, a quien le asentaron un machetazo que le quitó la vida.
Al otro día llegó al pueblo la policía judicial. Teófila Díaz y Javier Sámano, familiares del occiso, los llevaron a la casa de Agustín y de Brígido. Pidieron que se llevaran también a Rafael porque anduvo con ellos. Sin orden de aprehensión ni situación de flagrancia del delito, los judiciales entraron a casa de Rafael y de Agustín y se los llevaron directamente a la cárcel municipal de Tenango del Valle. Brígido logró escapar.
Teófila y Javier no mencionaron a Rafael en el ministerio público, pero ante el juez dijeron que él agarró a Tomás mientras otro asentaba el golpe mortal. Otro testigo de los hechos, sobrino del occiso, dijo al juez que Rafael nunca estuvo en el lugar, pero su dicho fue desestimado por ser menor de edad. Con esas declaraciones y sin pruebas periciales ni científicas, la jueza María Guadalupe Garduño Guadarrama lo condenó a 40 años de prisión por homicidio calificado.
Vino después una mala práctica legal. Rafael fue defendido por su hermano abogado dedicado a la cobranza. Éste no apeló la sentencia en tiempo y forma y cuando lo hizo, el tribunal la rechazó por extemporánea. También le negaron el amparo por no existir apelación y tratarse de actos consentidos.
Bibiano Martínez, sobrino de Rafael, reconoce el error: “Fue parte de nuestra ignorancia y ya no lo pudimos recomponer”. A Rafael le violaron su debido proceso en la detención, el juicio y la sentencia, explica Pedro, el defensor indígena que no pudo liberarlo de la cárcel. Aún así, Pedro seguirá su cruzada para poder sacar de prisión a los suyos.
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