Al ubicarse como el segundo país con mayor movimiento de migrantes, registrando 13 millones de personas de otros países, México tiene grandes retos en esta materia, principalmente en el respeto de los derechos de esta población, consideró Luis Efrén Ríos Vega, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.
Expuso que esta cifra representa casi el 20% del total de desplazados en el mundo, que se estima en más de 70 millones de migrantes, de acuerdo a los datos del informe 2018 del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
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En el marco del Día Mundial de los Refugiados, Ríos Vega recordó que el desplazamiento de personas en el mundo se da por conflictos armados y violaciones graves de derechos humanos.
Destacó que México se ha caracterizado por ser un lugar de origen, tránsito, destino y en los últimos años de retorno de migrantes, al tiempo que consideró que “estamos en una de las crisis más relevantes para nuestra región”.
“La cuestión migratoria es uno de los problemas actuales que plantean graves violaciones de derechos humanos. La situación de las personas migrantes constituye para nuestro Estado un deber de protección, que implica el trato más favorable para ellos”.
Asimismo indicó que las entidades federativas tienen el compromiso de implementar garantías, para que las personas refugiadas vivan en libertad, igualdad y fraternidad.
“Mientras que México enfrenta una cuestión de Estado, por el compromiso con Estados Unidos a enfrentar el problema de la migración, esto implica ofrecer empleo, salud, educación y vivienda a las personas migrantes”.
En este sentido refirió que a las entidades federativas les corresponde apoyar estos compromisos, en el caso de Coahuila por ser una entidad fronteriza, tiene el tránsito de miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.
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Refirió que por lo menos son 3 las razones que motivan la migración, una es económica, misma que plantea el problema de la máxima protección a las personas que salen en busca de mejorar la calidad de vida.
“En este caso la prioridad principal es protegerlas que no sean víctimas de delitos, como el secuestro, tortura, tratos crueles, violencia sexual, trata de personas o desaparición”, apuntó.
“Las autoridades estatales deben tener claro que no se puede criminalizar a estas personas migrantes, por el solo hecho de estar en movilidad. Se deben evitar abusos de los cuerpos de seguridad”.
Otra de las razones es la movilidad masiva, como las caravanas donde Coahuila ya tuvo una experiencia con buenos resultados, en Piedras Negras se aplicaron medidas especiales, por parte del gobierno del Estado, y además se tiene ya un protocolo de contención, con atención y seguridad.
Una tercera razón es la violencia y exclusión grave en la que recae la integración local, en igualdad y solidaridad de las personas con estatus legal de refugiados, a quien se les debe dar condiciones dignas de educación, salud, empleo y vivienda.