Activistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y laicos, todos intentan resguardar las casas y centros de día para migrantes ubicadas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sonora, en tanto que la movilización humana exige mayores recursos y esfuerzos para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran huyendo ante condiciones de violencia y falta de oportunidades en Sudamérica.
Atrás quedó el punto de partida de una épica que se reforzaba con canciones norteñas, donde se reconocía a la migración como un acto heroico en el que los connacionales, generalmente padres, salían de sus hogares dejando atrás a la mujer y a los hijos para intentar cruzar la frontera con los Estados Unidos.
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Esa fue la estampa que se registraba aún a finales del siglo pasado y que se difundió en voz de Lorenzo de Monteclaro con 'El ausente', o con la canción 'Los mandados' interpretada por Vicente Fernández, donde se relataba el ensayo y error reiterado al asegurar que la migra podría frenar el paso al hombre cientos de veces pero era mayor el impulso de alcanzar el sueño americano.
Ahora de lo que se trata es de un enorme éxodo donde núcleos de personas, caravanas de familias completas y desconocidos, se movilizan desde Venezuela, Honduras, Haití y El Salvador, en tanto que también personas ucranianas intentan pedir asilo político en la nación de las barras y las estrellas. El problema humanitario sin duda rebasa los esfuerzos que realizan civiles en tanto que el gobierno de México se limita a observar la situación, de acuerdo a los defensores.
Las casas de migrantes
Recientemente los activistas adheridos a la Red de Casas del Migrante y Centros de Derechos Humanos de la Zona Norte, visitaron la ciudad de Torreón para realizar su encuentro anual donde cruzaron información y experiencias con el objetivo de fortalecer sus capacidades ante los desafíos de proteger a niñas, niños y adolescentes; atender a mujeres sobrevivientes de violencia, así como a personas que no hablan el español.
En rueda de prensa Blanca Navarrete, directora de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA); Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres Fraire; Rafael Cheé, representante de Iniciativa Kino para la Frontera y el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, coincidieron en que existe un incremento y una diversificación de los grupos migratorios en la frontera norte.
“En años anteriores no teníamos población haitiana que ahora es notoriamente visible. Luego en los últimos años hay de Ucrania y población venezolana también; son refugiados que están buscando protección internacional en los Estados Unidos”, aseveró Navarrete quien confirmó que la estadística es incierta porque varía en cada entidad fronteriza.
En contexto, las casas de atención humanitaria a migrantes reflejan una realidad pero muchas personas no llegan pues rentan cuartos en zonas de escasos recursos, o se encuentran en situación de calle.
En cuanto al papel que juegan los gobiernos para enfrentar esta crisis humanitaria, los defensores indicaron que el gobierno de la República a través de la Cancillería realiza acuerdos con el gobierno estadounidense, en tanto que los estatales y municipales no reciben una participación de esas negociaciones.
“No se reciben recursos y finalmente sabemos que los gobiernos locales son los primeros respondientes, los primeros obligados, pero no hay coordinación… Yo no me atrevería a decir que existe partidismo porque en el caso de Juárez gobierna el mismo partido, Morena, y tampoco el gobierno municipal recibe recursos del gobierno federal para sustentar su albergue municipal”, precisó Navarrete.
Los migrantes mexicanos
Después de pasar la pandemia por el nuevo coronavirus, la falta de apoyos ha hecho estragos entre las organizaciones de la sociedad civil en tanto que los activistas precisaron que la administración federal suspendió el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM), destinado a trabajadores migrantes mexicanos en retorno.
De acuerdo a Blanca Navarrete, cada estado recibía un porcentaje en base al número de personas migrantes mexicanas que eran expulsadas desde los Estados Unidos. Chiapas y Oaxaca recibían los montos más altos de acuerdo a los índices de migración y de retorno.
Ahora, no existe más que el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que se percibe por momentos frágil o insuficiente.
“Básicamente persisten los espacios humanitarios a través del mismo esfuerzo de las comunidades que entregan despensas, de las iglesias, las universidades. También en temas de salud y después de la pandemia vemos una falta de atención, no nada más para la población en movilidad sino para la población en general. Hay desabasto de medicinas y esto obviamente afecta a personas migrantes y refugiadas”.
“Muchas veces cuando se habla de la migración se piensa en personas extranjeras pero en el caso específico de Nogales, Sonora, la población que atendemos es mayoritariamente del sur del país, en específico del estado de Guerrero, y la causa principal del desplazamiento interno es la violencia que se adjudica al crimen organizado. Allí recibimos de cien a 150 personas diarias cuando la capacidad máxima del albergue es de cien”, refirió Rafael Cheé, representante de Iniciativa Kino para la Frontera.
Él refirió que las edades de las personas atendidas oscilan entre los 18 a 35 años y se trata de núcleos familiares monoparentales que transitan por México sin problema pero que deberán enfrentar el bloqueo del gobierno estadunidense luego de restablecer el Título 42, orden de salud pública emergente que se creó en el año 1944 pero que cobró vigencia en el año 2020 como una medida de control migratorio para impedir que posibles personas enfermas con covid-19 pasaran la frontera.
Sobre las personas que piden asilo, Rafael Cheé indicó que si logran acceder a una excepción al Título 42, que es lo que impide el derecho, tendrán que esperar de cuatro meses o medio año para obtenerlo, situación que complica el trabajo de los albergues.
En el caso del que depende de Iniciativa Kino, éste ofrece ayuda de estancia hasta por 15 días, aunque se trate de familias que huyen de la violencia.
“Sí está en los cuerpos normativos o legislativos. Hay disposiciones que hablan del desplazamiento interno y el cómo se les debe dar prioridad en las atenciones, en algunos derechos a la salud y la educación, pero muchas de las quejas que nosotros interponemos, son precisamente por falta de atención porque son familias mexicanas”, dijo Cheé, quien refirió que de enero a noviembre la atención ofrecida contabiliza 2 mil 500 personas.
El trabajo de los defensores
El obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, dentro de la Conferencia del Episcopado Mexicano preside la Pastoral de Movilidad Humana y consideró que en todas las fronteras mexicanas se viven situaciones complejas y difíciles.
“La frontera sur con Tapachula, que es una ciudad pequeña de 300 mil, allí llegan 100 mil, imagínense. Y de ahí las 56 casas del migrante por todas las rutas pasando por Veracruz, Puebla, México, Torreón, Chihuahua, hasta llegar a las fronteras norte de Matamoros hasta Tijuana, son muchos migrantes, tanto en el desplazamiento nacional, muchos mexicanos".
“Pero también está el desplazamiento de extranjeros, muchos haitianos, cubanos, centroamericanos y hasta rusos, turcos, de Ucrania y recientemente el fenómeno de los venezolanos y sí son muchos migrantes”.
El apoyo proviene siempre de las asociaciones, iglesias, escuelas y voluntarios que, en el caso de Ciudad Juárez, mantienen 40 casas por toda la ciudad.
Pero en cuanto a los activistas, entre ellos se vaticina la deserción de defensores de derechos humanos pues abordan problemáticas complejas que terminan literalmente enfermándolos y al no contar con recursos suficientes, deben multiplicar tareas para llevar el sustento a sus hogares.
“El gobierno más allá del discurso está obligado con base a los acuerdos y tratados internacionales que tiene firmados. Efectivamente sí hemos visto un desgaste en los agentes de Pastoral, en psicólogas, trabajadores sociales, abogados".
“Yo voy a decir mi edad, tengo 41 años, empecé a trabajar en la Casa del Migrante en Juárez cuando tenía 20 y yo ahora veo a mis compañeras de 21 o 22 años y no sé si van a llegar a la edad que tengo yo porque me queda claro que las condiciones con que yo inicié el trabajo no eran tan desfavorables como las que ellas trabajan”, explicó Blanca Navarrete.
Especificó que no es lo mismo atender a 10 personas que a cien a las que se les debe acompañar al Centro de Salud para garantizar que no les sea negada la atención, o llevarlas a las fiscalías para interponer denuncias, lo que muchas veces genera persecución por parte de policías locales.
Concepción Martínez Rodríguez, coordinadora del Centro de Día para Migrantes Jesús Torres Fraire en Torreón, refirió por su parte que las agresiones policíacas son constantes y aunque existe agotamiento, al menos tiene resuelta su situación económica porque ya obtuvo su pensión como profesionista.
“Sobre las agresiones, es algo muy común la violación a los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables que en este caso son los migrantes y seguirá habiendo".
“Es algo desgastante y para esto debe haber mucha buena voluntad, no hay de otra, tenemos que buscar nuestras posibilidades de acuerdo a nuestras propias ideas; no podemos confiarnos a que el gobierno o que cualquier otra organización nos apoyen, sí lo hacen pero las asociaciones que están en la frontera es muy difícil que lleguen hasta acá”.
cale