Migrantes que empiezan a ser devueltos desde Estados Unidos han expresado su temor por regresar a México porque ya han sido víctimas de secuestros, amenazas y robos. 35 extranjeros, en tres grupos pequeños, han sido retornados al país en los últimos tres días. Ciudad Juárez, uno de los puntos calientes del país disputados por los cárteles de Jalisco y Sinaloa, fue el primero de siete puntos en los que el programa planea aplicarse.
Llegaron a través del Puente Internacional Laredo/Stanton. Una vez en manos del Instituto Nacional de Migración en México (INM), fueron procesados en una serie de tiendas instaladas en el mismo puerto de entrada. A espaldas de las instalaciones del INM, en las paredes del puente, hojas recordaban a mujeres que han sido asesinadas en Ciudad Juárez. A una calle, en el cruce internacional peatonal, una cruz negra exige justicia por los feminicidios ocurridos en la ciudad. Un recordatorio de la violencia de la ciudad.
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Los primeros migrantes, provenientes de países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, quedaron bajo resguardo del INM, que les entregó una CURP y documentos que les permiten obtener un trabajo legal en México. Se trata en su mayoría de hombres adultos, que viajaban solos. En Estados Unidos se garantizó que fueran vacunados contra el covid-19, y en México se les hizo una prueba.
Una de las mayores preocupaciones es cómo decide el gobierno de Estados Unidos si un migrante tiene un temor creíble a ser retornado a México. El Departamento de Seguridad Interna dijo que no retornaría a ningún migrante que demostrara un temor de ser regresado a México. Las guías y documentos estadunidenses tampoco dejan claro los criterios.
“Cuatro de las seis personas con las que hablé ayer dijeron que temían volver a México. Uno fue secuestrado cerca de la frontera por ocho días, otro nos dijo que sufrió un robo por parte de la policía y que logró escapar de un intento de secuestro cerca de la frontera, luego de que hombres lo persiguieran. Y ambos fueron puestos en el programa”, explicó Julia Neusner, abogada de Human Rights First.
En Estados Unidos se les explican detalles sobre los programas y se les da una lista de proveedores de servicios legales, y una vez en México, el INM los orienta sobre su proceso, al igual que organizaciones que ya están en nuestro país para acompañar a los migrantes. Después, son transportados por el INM al albergue instalado en el gimnasio municipal Kiki Romero.
Los peligros una vez en México son constantes. De acuerdo con abogadas que hablaron sobre el proceso que se llevará a cabo, las primeras audiencias fueron agendadas para inicios de enero del 2022. A uno de los migrantes se le solicitó estar a las 04:30 horas en el puente internacional Laredo/Stanton. Una situación preocupante pues han sabido de migrantes que han sido secuestrados cuando se transportaban a sus audiencias.
Otro punto importante es lo difícil e impráctico es para los migrantes e incluso para los abogados, que están en México, tener una representación legal en Estados Unidos.
Actualmente, los gobiernos estadunidense y mexicano no ofrecen servicios de abogados pro bono. Lo que hacen es ofrecer a los migrantes una lista con organizaciones legales que pueden prestarles el servicio. Sin embargo, al menos el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, ofrece como alternativa la autorrepresentación. La cual, advierten, es complicada, pero posible.
“Hay demasiada confusión, entre las personas que están siendo retornadas. No entiendes por qué están siendo retornadas. No te puedo decir si se les ha explicado el proceso o no, porque yo he visto demasiada confusión, demasiada preocupación y demasiado miedo de haber sido retornados a México”, dijo Ana Ortega, estratega legal de HRF.
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Y es que la posibilidad de que los migrantes pierdan su caso siempre está presente.
De acuerdo con cifras de la universidad de Syracuse, durante la aplicación de los MPP con Donald Trump, más de 71 mil migrantes fueron puestos bajo el programa, que duró poco menos de dos años. Solo la mitad de los migrantes continuó con su proceso de asilo, y solamente unos seis mil 500 tenían una representación legal. Y al final, 32 mil migrantes fueron definitivamente expulsados de Estados Unidos. Los demás casos quedaron pendientes o se cerraron sus casos. Solo se otorgaron 740 casos de asilo.
Además, al menos 28 mil migrantes dejaron de asistir a sus audiencias. Se les perdió el rastro. Hasta el momento no se ha explicado qué sucederá con los migrantes en caso de que sus peticiones de asilo sean rechazadas.
LG