El secretario de Gobierno de Morelos, Pedro Pablo Ojeda Cárdenas, y el consejero Jurídico, Samuel Sotelo Salgado, así como el Congreso de Morelos acusaron de la lentitud de las diversas denuncias interpuestas a integrantes del gobierno de Graco Ramírez e incluso de una deliberada falta de solidez para que jurídicamente no representen un riesgo jurídico para ningún ex funcionario estatal.
Los funcionarios quienes aseguraron que dentro de la autonomía que tiene la Fiscalía Estatal Anticorrupción (FEA), es necesario que ésta atienda los llamados de los poderes de la entidad, que le solicitan celeridad y profesionalismo en su trabajo, sobre todo en la integración de las carpetas de investigación ya iniciadas.
Sotelo Salgado informó que la semana pasada un juez penal resolvió que los imputados, dentro de la denuncia por desvío de recursos de la secretaría de Desarrollo Agropecuario, no siguieran bajo proceso debido a la serie de inconsistencias, como la falta de solidez en la presentación de pruebas, lo que provocó que el caso se “cayera”.
El funcionario dijo que van a interponer los recursos correspondientes para “enderezar” el proceso de dicho asunto, sin embargo, dijo que es necesario que la FEA asuma su responsabilidad y evite favorecer a los ex funcionarios señalados.
Mientras el gobierno de Cuauhtémoc Blanco estima que el deterioro patrimonial que dejó el gobierno anterior supera los 2 mil millones de pesos, cuando la revisión a dicha administración apenas va a la mitad, y va a generar nuevas denuncias penales, las acciones de la FEA hasta el momento no han permitido vincular a proceso a ningún ex servidor público o representante popular pese a las declaraciones del fiscal Salazar Nuñez.
El sustento para sospechar que el titular de la FEA es parcial a favor del gobierno anterior se debe a que su original filiación perredista y trabajo políticos siempre fue del lado del PRD y del ex gobernador, Graco Ramírez, quien a su vez-fue quien lo impuso como Fiscal cuyo cargo durará nueve años, según la reforma legal impulsada también por el ex mandatario.
Por su parte, el secretario de gobierno de Morelos, Pedro Pablo Ojeda Cárdenas reconoció que la principal característica de todos los casos denunciados, que ha sido más de 30, es la lentitud en el avance de las investigaciones y en su judicializacion.
Esto pese a que muchas carpetas ya contaban con la pruebas suficientes para llevar a proceso a ex funcionarios del gobierno anterior.
- Te recomendamos Gobierno de Morelos anuncia más denuncias contra Graco Ramírez Estados
Un ejemplo de ello es el caso de las ex diputadas y ex líderes del Congreso Local, Beatriz Vicera y Hortencia Figueroa Peralta, que no han podido ser imputadas debido a que la FEA ha solicitado en dos ocasiones que las fechas se pospongan por diversos motivos.
El último fue bajo el argumento de que otra de las involucradas en el desvío de más de 20 millones de pesos del Poder Judicial, la ex secretaria de Administración y Finanzas, Patricia Bandera había modificado su calidad jurídica, al pasar de imputada a testigo.
dmr