Con el fin de defender su vivienda, Rocío Hernández Ávila se encadenó a la puerta del juzgado cuarto civil en León, Guanajuato, para protestar junto con su familia y defender su vivienda en San Luis Potosí.
La familia ha dado a conocer que abogados coludidos con las autoridades de San Luis Potosí y Guanajuato han despojado de sus propiedades a ciudadanos. Acusó que tanto funcionarios como jueces han sido participa de estas acciones ilegales.
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Los afectados contaron a medios locales que adquirieron la vivienda en Matehuala en 1995, a nombre de Vicente Hernández Ortiz y María Guadalupe Ávila Hernández, padres de Rocío, mediante un crédito hipotecario compartido de Bancrecer.
En 2009, el señor Vicente Hernández Ortíz falleció, y un despacho privado que adquirió el crédito pendiente interpuso un juicio intestamentario sucesorio, argumentando que la vivienda debía quedar en manos de la Beneficencia Pública del Estado de San Luis Potosí; sin embargo, nunca enteraron a este ente estatal.
Hernández Ávila fue notificada hasta 2016 sobre una demanda mercantil en su contra por los derechos del crédito, quien propuso un pago de alrededor de 800 mil pesos para regresar la vivienda, lo cual superaba por mucho el costo inicial de ésta, que era de 200 mil.
Las víctimas señalaron que no se debió de haber aceptado el juicio de embargo, pues existen medidas de aseguramiento de la propiedad. Especialmente porque estos movimientos nunca le fueron notificado a la señora María Guadalupe, quien legalmente es la beneficiaria universal de los bienes de fallecido esposo.
A pesar de que el juez cuarto en León está consciente de de las medidas de aseguramiento vigentes, acusaron que se ha negado a cancelar la orden de desalojo y le envió un exhortó a un juez de Matehuala.
Incluso, dieron a conocer que estas irregularidades han propiciado en el despido de dos funcionarios del Registro Público de la Propiedad de San Luis Potosí.
Rocío señaló que la casa de su mamá ha movilizado a jueces y funcionarios de los dos estados para beneficiar a estos despachos que despojan de sus casas a las personas.
Por ello, con un cartel de casi dos metros en el que colocaron: “Exigimos investigación exhaustiva al fraude procesal”, Hernández Ávila y su familia continúan su protesta para no perder su hogar.
LP