Bajo el toldo de un comercio que lo protegía de los intensos rayos del sol en una de las calles más transitadas de Hermosillo, Sonora, Martín Fuentes platicaba con un policía de tránsito asignado al sector comercial del centro de la ciudad. Sin cortar el hilo de la conversación, el uniformado observaba los autos que pasaban frente a él. De pronto, tomó su block de infracciones, anotó las placas y las características de uno de estos automóviles y expidió una multa. Una parte de la papeleta se la quedó el oficial y la otra, la que debería notificar al conductor de la infracción, la botó en el piso mientras continuaba con la plática.
Martín, un ciudadano común de Hermosillo, fue testigo de toda esta escena. Lo que vio ese día confirma las quejas de los habitantes en las redes sociales: la existencia de “multas fantasma”, fabricadas al arbitrio del agente de tránsito en un municipio que, tan solo en 2019, obtuvo 60 millones de pesos por concepto de multas de tránsito.
Esta forma de obtener recursos para el Ayuntamiento “se genera por medio de la ilegalidad”, explica Darbé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados.
“Al ciudadano se le atrapa en una trampa legal y de ilegalidades por la actuación de un servidor público que deshonestamente realiza un acto jurídico que no existió, es decir, levanta una multa sin que se haya dado el supuesto de ley para imponerla y al ciudadano no le queda otra que ir y negociar”, dice Darbé López.
Las autoridades municipales en turno han negado tácitamente que los policías emitan infracciones a discreción. Jesús Alonso Durón Montaño, director de Tránsito, es el primero en admitir públicamente la existencia de este problema al interior de la corporación.
“Se han dado muchos reportes, más en enero cuando es canje de placas, les dicen que traigan la carta de no adeudo y ahí les aparecen dos o tres infracciones”, admite Durón. Y no solo eso, incluso han sancionado y dictado horas de arresto como medida disciplinaria a oficiales que han sido denunciados por llenar boletas con datos falsos o erróneos, asegura el director de Tránsito.
Infracciones sin motivo
Meses después de que Martín observó la manera en la que un policía expedía una multa de tránsito sin motivo, le llegó también su turno. La Tesorería Municipal le informó que tenía una multa, supuestamente, aplicada en un sector por el que, asegura, nunca transitó. “Me puse a checar y vi que la numeración sí era, pero la marca del carro y el color no coincidían. Les mostré la tarjeta de circulación, pero se pusieron tercos, ‘¿no lo prestaría el carro?’ –me preguntaron– “cómo haya sido”, les dije, “no coincide nada”, relata Martín, convencido de que no existía motivo para la infracción.
En el ambiente policíaco se dice que esta “costumbre” surgió porque al agente de tránsito que no reporta suficiente trabajo “lo clavan” a cumplir algún servicio que no es del agrado de la mayoría de los uniformados.
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Lejos de negar esta práctica, el director de Tránsito se esfuerza en explicar los hechos desde otra perspectiva. “Si un elemento de estos llega a su término de turno, no atendió reportes y llega con cero infracciones, para mí no está trabajando, no está dando rendimiento. Lo podemos cambiar de área, que no sea en operatividad de tránsito, o simplemente mandarlo a un servicio, un apoyo de un semáforo descompuesto, algún trabajo en la vía pública, son necesidades del servicio”, explica Durón Montaño, dejando claro siempre que esto no es porque exista una cuota de multas por cumplir.
Multar a discreción, un delito que se puede castigar con prisión
Aunque el Reglamento de Tránsito Municipal y el Bando de Policía y Gobierno de Hermosillo no contemplan entre sus artículos alguna sanción por la expedición de “multas fantasma”, un policía incurre en el delito de abuso de autoridad al momento de falsear información en el llenado de la boleta.
La responsabilidad no debería quedar únicamente en los oficiales, ya que si una autoridad se percata de la comisión de un delito o de una falta por parte de un subalterno y no hace nada por sancionar o evitar la falta también está incurriendo en abuso de autoridad, asegura Darbé López.
“Es un contrasentido que una persona esté realizando una función pública y no se ciña a los lineamientos de la misma, sino que se aparte, simple y sencillamente no observe la responsabilidad de denunciar o de realizar todo lo que sus facultades le permitan para sancionar a quien haya faltado, siempre y cuando éste sea su inferior”.
La pena por este delito es de uno a ocho años de prisión, multa de 20 a 250 Unidades de Medida y Actualización y la destitución, en su caso, e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un cargo público, de acuerdo con el artículo 180 del Código Penal del Estado de Sonora Pero hasta el momento, ningún policía de Hermosillo ha recibido una sanción de este tipo.
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Durón Montaño asegura que desde asumir la Dirección de Tránsito, a finales de 2018, implementó un mayor control en la supervisión del llenado de boletas, incluso los números de boletas que presentan ahora son menores que en administraciones pasadas.
“Andamos muy bajos en infracciones. Pienso que se debe a que los oficiales se están aplicando más en llenar correctamente las infracciones. Que sean las infracciones que el conductor cometió”, asegura Durón Montaño.
En 2019, Hermosillo registró 41 por ciento menos multas que en 2018. Fueron en total 189 mil 761 multas, la cifra más baja por lo menos de los últimos 5 años, de acuerdo con estadísticas de Seguridad Pública Municipal.
El derecho a impugnar una multa
Algunas personas afectadas por las “multas fantasma” han decidido presentar su queja ante los tribunales administrativos. De marzo de 2019 a febrero de 2020, 235 hermosillenses impugnaron infracciones de Tránsito ante la Dirección de Jueces Calificadores. En 120 casos la multa se revocó dándole la razón al ciudadano.
Si un ciudadano considera que se le aplicó una infracción de manera injusta, tiene derecho a impugnar interponiendo un recurso de revocación ante un Juez Calificador, quien, tras una investigación, emitirá una resolución de revocación o confirmación de la multa, de acuerdo con el artículo 240 de la Ley de Tránsito del Estado de Sonora.
En caso de que el interesado no esté de acuerdo con el dictamen, podrá interponer un juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o incluso solicitar un amparo ante los Juzgados Federales de Distrito.
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Este derecho de los inconformes se ve acotado por la Ley de Ingresos Municipal de Hermosillo, ya que en su artículo 150 limita a los Jueces Calificadores a intervenir sólo durante los primeros cinco días hábiles posteriores a la expedición o notificación de la multa.
A partir del sexto día, los ciudadanos que no estén de acuerdo con su multa únicamente pueden acudir a un módulo de la Tesorería Municipal, donde el personal les ofrece alguna consideración o descuento, pero no están facultados para investigar si la infracción fue aplicada correctamente o debe ser cancelada.
Jesús Enrique Cañedo de la Luz, juez adjunto de la Coordinación de Jueces Calificadores, destaca la necesidad de que el Congreso del Estado de Sonora trabaje en la modificación de las leyes vigentes con el fin de ampliar el periodo en que los jueces pueden investigar a fondo una sanción de tránsito en la capital del estado, y evitar que un ciudadano tenga que pagar, poco o mucho, por una infracción jamás cometida.
“La persona calificada para conocer y resolver sobre una multa es la que se dedica a eso, nosotros nos dedicamos a eso, sería muy bueno poder dar más facultades al juez para determinar la procedencia de los recursos en multas más atrasadas”, dice Cañedo de la Luz.
Anteriormente, los jueces calificadores también se limitaban a otorgar descuentos en el precio de las multas y no existía un control de las quejas, pero desde marzo de 2019 se empezó a implementar un procedimiento investigativo en el que se integra un expediente con las comparecencias y evidencias que le solicitan al ciudadano inconforme, al policía que elaboró la sanción y a la Dirección de Vialidad, explica el juez.
“Hoy en día lo que estamos haciendo es buscar la forma de auxiliar al ciudadano, no darle una aspirina con el ‘te la voy a rebajar, págala’. Es verificar la procedencia de la revocación, quitarle esa multa si no cumple con los requisitos específicos, y darle conocimiento al Departamento de Tránsito de qué es lo que está sucediendo, tienes policías con folios que están aplicando multas que están siendo revocadas, pon atención a eso”, asegura.
Estas nuevas medidas han tenido como resultado que el número de quejas vaya en aumento, pero, al mismo tiempo, cada vez son menos las multas cuya impugnación favorece al ciudadano.
“Multas fantasma”, ¿estrategia recaudatoria?
Cuando Edgar Romero intentó hacer la revalidación de placas de su vehículo, descubrió que tenía que pagar cerca de 800 pesos por una multa de tránsito de la cual no estaba enterado, un oficial asentó no haber respetado la luz roja de un semáforo.
Siguiendo el procedimiento administrativo, acudió al módulo de Tesorería Municipal donde se encuentra el archivo de boletas. Ahí, en lugar de orientarlo para hacer valer sus derechos, el personal le sugirió no perder tiempo y pagarle al Ayuntamiento de Hermosillo, aunque él aseguraba que nunca cometió la infracción.
“Ella me dice ‘eso pasa muy regularmente, es muy normal que suceda eso, nomás que el procedimiento es muy tedioso, es muy largo, usted sabe si quiere poner la queja para que pueda usted seguir realizando el trámite’, porque no me iban a permitir continuar con el trámite y pues ya, preferí pagar la infracción”, recuerda.
Esta política de disuasión es de dominio público en el área de ingresos: “La verdad es que la persona ya está aquí, y lo que quieren es una solución, entonces nosotros tratamos de dárselas. A veces le otorgamos un descuento en la misma multa, en los recargos, de manera que la gente ve más conveniente a lo mejor pagar los 200 o 300 pesos de la multa, que hacer toda la tramitología que conlleva irte a otro recurso”, explicó la directora de Ingresos, Chiara Larissa Romero García.
Romero García argumenta la existencia de casos en los que el error en la boleta es muy evidente y el personal de la dependencia puede realizar la cancelación inmediata, pero cuando se trata de multas que dependen de la apreciación del policía, como en los casos de exceso de velocidad, uso de celular al conducir o no portar el cinturón de seguridad, se tiene que pagar.
En 2019 el gobierno Municipal percibió cerca de 60 millones de pesos en ingresos por pago de multas, y la Tesorería es cuidadosa en los apoyos que le dan al contribuyente, porque un exceso en las condonaciones les pegaría en la recaudación, admite Chiara Larissa Romero, directora de Ingresos del municipio.
“Yo entiendo las historias, no digo que no sean reales, pero ¿cómo las vendo yo? O sea, no es que yo no te crea contribuyente que de veras no puedas pagar y que de veras sí hizo mal el policía y que de veras no te merecías esa multa, pero ¿y? ¿yo con qué me quedo?”, declara la funcionaria municipal.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.