El gobierno de Oaxaca incurrirá en desacato judicial si se niega a cumplir con el arraigo domiciliario dictado por un juez para Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, informó la defensa del imputado.
Maribel Pérez Santaella, abogada del ex diputado y empresario gasolinero, indicó que un juez federal concedió una suspensión provisional de amparo para que el gobernador Salomón Jara cumpla con la prisión domiciliaria a favor del acusado.
Detalló que, con la resolución, hay un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO) cumpla con la resolución del juez penal y brinde un informe al respecto.
Si continúa el rechazo a cumplir con el mandamiento judicial, la defensa dará vista a un agente del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie la carpeta de investigación respectiva y se sancione el desacato judicial.
En tanto, Juan Vera Carrizal, quien enfrenta un juicio por intento de homicidio, no ha podido salir del penal varonil de Tanivet, debido a que la SSPCO se negó a trasladarlo a su domicilio. La dependencia siguió la orden del gobernador Salomón Jara Cruz, quien argumentó que no cuenta con los policías suficientes para resguardar el domicilio del ex legislador, además de que el lugar donde permanecerá no reúne las mínimas condiciones de seguridad para cumplir la orden del juez.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Eduardo Pinacho Sánchez, rechazó que el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde esté absuelto o goce de impunidad, pues no se ha emitido sentencia condenatoria por el delito que cometió, de manera que el juicio que se sigue en su contra está vigente.
El magistrado se defendió de las acusaciones que han vertido diversos colectivos, que incluso han solicitado su renuncia, junto con la del juez Teódulo Pacheco, que fue quien dictó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a la de arraigo domiciliario a favor del imputado.
El titular del Poder Judicial afirmó que el caso no esta resuelto y se habrá de realizar la revisión de la resolución dictada con la apelación del Ministerio público y la parte agraviada ante la sala penal, para determinar si lo que se resolvió fue legal o ilegal.
“Lo que quiero dejar claro es que, a través de ésta resolución, no se absolvió al imputado, no se trata de una sentencia absolutoria y, al mismo tiempo, la prisión preventiva se mantiene en el domicilio que ya fue señalado por el juez, se trata de un arraigo".
ROA