En lo que va del año, cuatro de cada 10 pequeños y medianos negocios en Veracruz han salido del estado por la ola de extorsiones, cobros de derechos de piso y acciones violentas del crimen organizado.
Al mismo tiempo que ocurren los ilícitos, la actividad económica se desploma, pues en lo que va del año ha caído el crecimiento y el empleo.
De acuerdo con datos de la Organización Civil Ciudadanos Unidos, las cuotas que exigen las bandas delincuenciales alcanzan hasta los 50 mil por establecimiento, pero los que se niegan a pagar tienen consecuencias mortales.
El presidente de la organización, Raúl Ojeda, indicó que las pérdidas económicas son multimillonarias pues más de 500 negocios han cerrados en un año, "hasta junio había desaparecido entre el 30 y 40 por ciento de los negocios del estado".
La situación se complica más cuando se trata de giros negros o con venta de alcohol, porque los grupos delictivos buscan tener el control en la distribución de productos y drogas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad, Esteban Enríquez, recordó que en años anteriores casi a diario había reportes de plagios que muchas veces terminaban en la muerte de las víctimas, de febrero a la fecha los casos son mínimos.
Coincidieron en que la quema de negocios, el último de ellos el Bar Caballo Blanco donde 29 personas murieron, es claro ejemplo del crecimiento de la exigencia de derecho de piso.
De mayo a julio fueron incendiados negocios como la tienda Bama, el bar La Catrina, Cocinas Integrales Williams; autos usados Nuevo Milenio y el bar Los Mangos, en Coatzacoalcos.
Ojeda Banda consideró que los delincuentes cambiaron del secuestro al cobro de piso porque este último "no es delito grave".
“Se fueron a lo más fácil, el derecho de cobro de piso no es delito grave y aunque los agarran los que andan allí extorsionando a los comerciantes, los sueltan porque no es delito grave y se dan cuenta que en lugar de tener un conflicto de un delito grave, pues tienen muchos clientes que son los mismos comerciantes y hemos tenido casos que la gente viene denuncia, hace la denuncia en la Fiscalía de extorsión y no se hace nada”, detalló.
“He peleado como asociación, desde (Javier) Duarte, con (Miguel Ángel) Yunes y con todos hemos peleado, pero me atrevo a decirlo, estamos peor que con los gobiernos anteriores, porque ahora no hacen caso, porque ahora no tenemos respuestas de ellos, anteriormente como asociaciones podíamos estar en las pláticas de seguridad, ahora no somos ni invitados porque somos los únicos que levantamos la voz porque los demás organismos se callan”, detalló.
Se desploma
En Veracruz, la actividad económica se desploma. En lo que va del año ha caído el crecimiento y el empleo, mientras se incrementan los índices delictivos.
Mientras hacía septiembre del año pasado su Producto Interno Bruto (PIB) creció a un ritmo 5.1 por ciento, en diciembre este indicador cayó a 3.3 por ciento y para el tercer trimestre de 2019, volvió a caer a 2.4 por ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del INEGI.
En abril de este año, la actividad industrial del estado registró una caída anual de 0.5 por ciento, la más profunda desde diciembre del año pasado. Al interior de este indicador las principales caídas se registraron en las actividades manufactureras, con un retroceso de 2.9 por ciento.
La situación laboral del estado también muestra señales negativas. Aunque el estado tiene una de las tasas de desocupación más bajas del país con 2.87 por ciento como porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA), es el cuarto estado con la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) más elevada del país con 26.05 por ciento, por debajo de Tlaxcala.
Oaxaca y Chiapas
La TCCO se refiere a la proporción de la población ocupada que se encuentra trabajando menos de 35 horas a la semana por razones de mercado, o que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo, o que labora más de 48 horas semanales ganando menos de dos salarios mínimos.
Además el 51.94 por ciento de los trabajadores en el estado no tiene acceso a prestaciones de ley como seguridad social.
Juan José Sierra, presidente de Coparmex Veracruz, expresó que su exigencia es un reforzamiento de la seguridad, que cada institución asuma su propia responsabilidad en lo que le toca, porque la coordinación es la estrategia es fundamental para la reducción de los índices de violencia.
RLO