El sistema de justicia de usos y costumbres en Guerrero opera de manera distinta; no tiene formalismos, abogados, jueces o amparos; el jurado es una asamblea de iguales que viste de guaraches, y los agraviados y los agresores argumentan en sillas de plástico sobre el piso de tierra, entre arboles de tamarindo, el quiquiriquear de los gallos y vasitos de agua de Jamaica.
La audiencia entre Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y la familia de Angélica, menor encarcelada junto con su familia por policías comunitarios en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, en septiembre pasado, concluyó este viernes sin un perdón, una reparación del daño o una sentencia, luego de que los dos policías señalados no se presentaron al careo entre ambas partes.
No así, autoridades de las casas de justicia de la CRAC-PC escucharon a la familia de una menor vendida y encarcelada tras escapar de su agresor, y reconocieron un agravio contra la familia, en particular, contra Concepción Ventura, madre de la adolescente, quien fuera golpeada por autoridades comunitarias, propiciándole un aborto.
Si bien no se determinó un monto o una fecha para la reparación o para un perdón a los policías, quedó sobre la mesa una nueva discusión para concluir, así como el ofrecimiento de una exposición ante los pobladores de Joya Real y Dos Ríos para dar por terminado el conflicto que ha expuesto a las comunidades me'e phaa, naa savi, nahuas y amuzgos de la Montaña de Guerrero.
La casa tamarindo, como le llaman a la casa de justicia del municipio de San Luis Acatlán, se volvió sede del encuentro que reunió a los representantes de las diferentes casas. Ahí acudieron Jesús Cesáreo Sánchez, y Rodrigo Santiago, de la casa de Justicia de Caxitepec, así como Martín Encarnación De la Cruz, Celestino Espíndola, y Victorino García de la casa de San Luis para escuchar a la familia agraviada.
Del otro lado de la mesa de plástico plegable, se encontraban Juan Manuel Martínez, Concepción Ventura, padres de la menor y Petra Martínez, tía de Juan Manuel, así como dos sillas vacías, que dejaron Carlos Martínez y Daniel Alberto Jacinto, policías comunitarios de Dos Ríos acusados de encarcelar a la familia.
En el tribunal de terracería, la familia sostuvo su postura: los culpables serían el suegro de Angélica, Rutilio Julián Moreno, detenido por la Fiscalía de Guerrero en octubre pasado por el delito de violación, trata de personas y lesiones, así como los policías comunitarios, quienes se mantienen en libertad condicional.
“Nosotros no fuimos los que iniciamos este problema, fue mi compadre (Rutilio), y ellos (los policías) hicieron caso a mi compadre. Nosotros no teníamos dinero con qué darle, no sé que fue lo que hicieron, le pedimos muchas gracias de favor y no me hicieron caso. Ya le estábamos entregando la mitad del dinero, no lo quisieron recibir, querían los 210 mil pesos; si no estaban los 210, querían 150 mil pesos, que si no, ahí nos íbamos a quedar”, fue uno de los argumentos declarados por Juan Manuel en relación a la presunta extorsión de la que habrían sido parte cuando fueron detenidos.
- Te recomendamos Familia de Angélica otorga perdón a suegro y comunitarios que la encarcelaron Policía
La defensa de los policías, la misma casa de justicia, también se mantuvo.
“Nos interesa verificar la situación como autoridad de Carlos y Daniel cómo queda al final, pero si los pueblos que están con el comité de enlace de Dos Ríos sigue manteniendo a Carlos, esa decisión la tendría que tomar los pueblos de Dos Ríos”, enfatizó Victorino García, vocero de la CRAC-PC, en relación a una posible destitución de los comunitarios.
A pesar de la ausencia de los interesados, integrantes de las casas de Justicia reconocieron un agravio por las lesiones contra Concepción.
“La verdad no debió suceder eso, nosotros, ahora sí que como coordinador, consejero regional, vamos a analizar su caso, entonces visitaríamos su pueblo. Vamos a estar coordinando consejero, comandante. Nosotros, como policía comunitaria, estamos para proteger mujeres y niños”, enfatizó Rodrigo Santiago, coordinador de la casa de justicia de Caxitepec.
Juan Manuel preguntó: "¿Qué va a pasar, van a reparar daño, o qué va a pasar? Queremos saber porque nosotros, cuando fue al hospital, pues no fue gratis, trajimos todo lo papeles, hicimos gastos; conseguí prestado, está en su mano de usted".
"Haz tu suma y ya no las traes para la próxima, porque tenemos que volver. (…) Tenemos que reunirnos para concluir", respondió el vocero Victorino.
La discusión concluyó con la firma de una acta y se acordó posponer la discusión entre la familia y los policías para alcanzar el anhelado acuerdo antes de marzo próximo, según las mismas autoridades comunitarias.
Sobre las amenazas contra la tía-abuela de Angélica, Petra Martínez, se dijo que serían las mismas autoridades comunitarias y los representantes de las casas de justicia quienes visitarían las comunidades de Cochoapa El Grande para dar a conocer la resolución final y, así, eximir de responsabilidades a la señora que se volvió una víctima del conflicto por defender a su nieta.
EHR