En el Estado de México operan más de 2 mil centros contra las adicciones, de los llamados anexos, pero de estos sólo 14 tienen registro formal para poder operar, aunque se estima que al menos la mitad sí cumple con un perfil adecuado en cuanto a costos, nivel de tratamiento y buenas prácticas y en la otra mitad podrían existir diversos problemas, entre ellos violaciones a los derechos humanos, reconoció el titular del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, José Raúl Naveda López.
En entrevista durante una visita al Congreso local para analizar la iniciativa de Ley de Salud que envió la gobernadora, el funcionario estatal indicó que el último censo que tienen data de 2013 y en ese entonces se calculaba que existían mil 500 centros en todo el Estado de México; ahora, con el alto nivel de demanda, se estima que la cifra puede superar los 2 mil centros.
Esta cifra, indicó, amerita contar con una infraestructura de recursos humanos muy amplia para poder supervisar todos estos espacios. Actualmente, el sector salud cuenta con un Comité de supervisión, conformado por la Fiscalía estatal, la Comisión de Búsqueda del Estado de México, áreas de salud que atienden a pacientes y áreas que supervisan temas sanitarios. Llevan a cabo entre dos y tres supervisiones al mes, con el fin de ubicar y corregir las fallas que pudieran existir en los centros.
Con el Comité se llevan a cabo revisiones integrales y se logra hacer un trabajo regular, donde se toman en cuenta muchos rubros, no sólo de salud, “donde se hace un trabajo sólido, aunque es a paso lento”. Actualmente existen 14 centros residenciales reconocidos, aunque aclaró que los reconocimientos los emite la Comisiona Nacional de Salud Mental y Adicciones, “y al Comité sólo le toca supervisar que todas las reglas se cumplan”.
No es obligatoria la certificación
El funcionario estatal aclaró que los centros no están obligados a contar con la certificación, pero sí con las licencias sanitarias, por lo cual algunos recurren a reconocimientos internacionales o de otro tipo.
El que no cuenten con registro nacional no significa que operen mal o con deficiencias, pues al menos la mitad de los espacios cumplen absolutamente con todo, simplemente no han tenido acercamiento con el Instituto.
Las denuncias que reciben de la población suelen incrementarse a finales y principios del año, donde la gente busca apoyo para mantenerse en abstinencia, aunque muchas veces las inquietudes son por el tipo de servicio, porque no es integral, generalmente obedece a apoyo mutuo, sin atención psicológica ni psiquiátrica, “pero eso no es ilegal, simplemente es un método distinto, aceptable en diversas partes del mundo”.