En Oaxaca, una asamblea de 450 miembros ratificó como presidente del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal (CRM) a Abelino Cohetero Villegas en el municipio de Santiago Matatlán, quien demandó a la Secretaría de Economía (SE) que autorice su licencia de operación y validez.
Cohetero Villegas afirmó que solo espera que la dirección de normas de la SE otorgue su validación para que puedan tener los permisos para iniciar operaciones.
Además, dijo que ya solicitó una auditoría y se integró una carpeta de investigación penal y civil contra el ex presidente del CRM, Hipocrates Nolasco, por no aclarar en su estado financiero más de 40 millones de pesos en licencias y autorización de marcas de mezcal que certificó en el 2020.
Dijo que ante esta exigencia Nolasco ha buscado ocultar evidencias y obtener impunidad manipulando a otro grupos de mezcaleros para erigir una dirigencia paralela en el consejo, a cargo de Juan Martinez Santiago.
“Nosotros tenemos el aval de la mayor parte de los productores y envasadores. Tan solo en esta asamblea de ratificación se contó con el voto de más de 450 miembros y con ello se demuestra que tenemos la validez y legitimidad necesaria para asumir el cargo”, dijo Abelino Cohetero.
En la asamblea de validación y ratificación del nuevo presidente del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal estuvo el diputado federal de Morena Armando Contreras, quien dijo ser “el mediador” en el conflicto que vive la industria del mezcal para poner orden en el sector y conciliación, así como para lograr que quienes cometieron acciones de corrupción sean sancionados y castigados.
El CRM es reconocido como el organismo que certifica la calidad del mezcal en México y ahora enfrenta una crisis interna al tener dos dirigencias electas: una que fue nombrada por los mezcaleros disidentes y otra que dejó la anterior gestión, sin embargo el vacío legal en este caso tiene a 2 mil 400 asociados en la incertidumbre.
La inestabilidad en la presidencia del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal genera un problema legal de más de cinco mil litros que están paralizados sin contar su certificación para sacarlos a la venta.
AS