Oaxaca aprueba prohibir la venta de refrescos y comida chatarra a menores

En medio de protestas callejeras y gritos de comerciantes, Oaxaca se convirtió en el primer estado de México en prohibir la promoción y venta de comida chatarra y refrescos a niñas y niños.

Se contemplan sanciones diversas a quien infrinja las ordenanzas con multas y cárcel, además de clausuras. (Archivo)
Con la aprobación se prohíbe “la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y con alto contenido calórico. (Arc

Óscar Rodríguez

El pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó con mayoría calificada la reforma a la ley que prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad, en medio de protestas callejeras y gritos de comerciantes.

La reforma al artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, aprobada hoy con 31 votos fue propuesta por la fracción parlamentaria de Morena, misma que fue validada por una amplia consulta pública ciudadana y contó con el respaldo de la Unicef y hasta el aval del subsecretario de Promoción de la Secretaría de Salud Federal Hugo López Gatell, propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva y comercialice comida chatarra a niñas y niños.

Previo a la sesión legislativa, celebrada de forma abierta, hubo manifestaciones y reclamos de dueños de la Unión de Abarrotes y diferentes cámaras de comercio, las cuales anunciaron que harán valer recursos legales como amparos ante juzgados para frenar la nueva disposición.

Sin embargo con la nueva reforma, Oaxaca se pone a la vanguardia por que el el primer estado en tener esta nuevas normas y sanciones contra la comida chatarra, misma que busca reducir a cero los casos de diabetes e hipertensión que han sido agravantes para que mucha gente contagiada por la pandemia del virus del covid-19 fallezca.

La medida fue propuesta por la diputada Magaly López Domínguez, de la fracción parlamentaria de Morena. (Archivo)

En su postura, la diputada local de Morena Magaly López Domínguez recriminó la posición de diversos organismos empresariales que se oponen a prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, y lamentó que las cúpulas de la iniciativa privada solo intentan desinformar a la sociedad sobre un asunto tan delicado.

“De ninguna manera se busca castigar a los comerciantes; eso es una mentira”, manifestó la legisladora, que lamentó que el sector empresarial intente hacer creer a la población que la reforma legal implicaría “una catástrofe económica” para el estado de Oaxaca.

La reforma legal, agregó, no afectará a las pequeñas tiendas de abarrotes, como aseguran las organizaciones empresariales, pues esos comercios “podrán continuar normalmente la venta de refrescos y alimentos chatarra, y la única limitación es que no podrán hacerlo a menores de edad”, de manera similar a como ya se establece para los cigarros y las bebidas alcohólicas.

Dueños de la Unión de Abarrotes y diferentes cámaras de comercio anunciaron que harán valer recursos legales contra la medida. (Archivo)

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Horacio Sosa calificó de histórica y inedita la ley "porque se actuó de forma firme contra quiénes están a favor de los intereses económicos de los grandes capitales, y en contra de la la salud y la vida de nuestras hijas y nuestros hijos".

Con la aprobación de la ley se prohíbe “La distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior” o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior o establecimientos comerciales”.

La medida será para instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior en el estado. (Archivo)

​Además se contemplan sanciones diversas a quien infrinja las ordenanzas con multas y sanciones administrativas, clausuras y cárcel de 6 meses a un años sólo si hay reincidencia.


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