En Oaxaca, una misión de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ingresaron después de 6 años al poblado de San Juan Juquila Mixes, para dictar medidas cautelares a favor de 128 familias de desplazados por un conflicto político, social y agrario, donde recientemente fue asesinado el defensor de derechos comunitarios Crispín Reyes Pablo y fueron hallados los restos de un hombre y una mujer, también.
La misión avanzó desde la Ciudad de México a la zona mixe para reunirse en una asamblea comunitaria y con cada una de los 527 personas de origen étnico, que desde hace seis años sobreviven en condiciones precarias en casas prestadas en la localidad después de que fueron sujetos de desplazamiento forzado.
Fueron 12 horas de viaje la que realizó la comitiva federal que comenzó sus tareas levantando testimonios de los hechos reportados en la zona, donde se adelantó que se integrarán carpetas de investigaciones por los crímenes, saqueos y desapariciones de una decena de personas reportadas en los últimos años.
La CNDH y la Segob anunciaron que se dictarán medidas de protección para los deudos del defensor comunitario y ex autoridad municipal Crispín Reyes Pablo.
Su hija Francisa Reyes demandó que el crimen de su padre no quede impune y urgió que pronto se logre la captura de los responsables para que sean castigados con todo el peso de la ley.
En el encuentro, celebrado en al auditorio municipal del ayuntamiento de San Juan Juquila Mixe, mujeres y niños, junto con sus padres y abuelos, portaron pancartas de color naranja con exigencias de justicia para lograr su pronto regreso seguro a su pueblo natal, además de demandar protección ante la ola de violencia, porque aceptaron que han recibido amenazas de muerte por parte de habitantes de la comunidad de San Pedro Ocotepec y a sus autoridades municipales.
El presidente municipal de San Juan Juquila Mixe, Juan Nolasco Guzmán, advirtió que los crímenes que se han reportado por el conflicto no pueden continuar y exigió un cese de los mismos, porque hay riesgo de una matanza mayor.
Dijo que hay responsables de los hechos delictivos registrados en los últimos días y meses y según su dicho, uno de los implicados en la problemática es el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Afirmó que hay temor en la población, "porque sabe que hay grupos de gente armada que merodea la población", y por ello exigió castigo para los responsables de los asesinatos, advirtiendo que ya están identificados, y donde implicó a comuneros como a las actuales autoridades de Ocotepec.
De acuerdo con la autoridad municipal de San Juan Juquila Mixe, además de intimidaciones, disparos al aire también se han reportado saqueos en vivienda y robo de ganado y de estos hechos afirmaron que también hay señalamientos y demandaron que la Fiscalía General del Estado que se integre la carpeta de investigación.
ledz