Rosa Santiago Rasgado, una de las 64 mil damnificadas que perdieron su casa y todo su patrimonio con el terremoto de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017, recuerda que esa noche “el crujir de la tierra” la hizo levantarse de su hamaca para tratar de auxiliar a sus familiares y salir de la vivienda que en cuestión de minutos se desmoronó frente a ellos; sin embrago, se sintió aliviada de que todos resultaran ilesos.
Vivían en una casa de cuatro habitaciones, la cual, además de tiempo, le costó mucho dinero para que una empresa contratista la demoliera en su totalidad: “Me pedían hasta 20 mil pesos que no tenía”.
A dos años de la tragedia, dice, su vida acaba de cambiar luego de la ayuda que recibió por parte de la Fundación Carlos Slim, que le entregó una “casa antisísmica y ecológica”, en la que actualmente vive con su hija y una de sus hermanas.
Comenta que cuando apareció en el censo de los benefactores para ayudar a las víctimas del 7 de septiembre no lo creyó, pero que nunca dejó de luchar por recuperar lo poco o mucho que tenía antes del terremoto.
Apenas estrenó la vivienda, comenta, invitó a sus familiares más cercanos, incluso a aquellos que viven en Estados Unidos, a quienes preparó una comida para agradecer el contar con un nuevo patrimonio; un sacerdote del pueblo acudió para bendecir la morada y se cortó un listón rojo para concretar la entrega.
La casa está ubicada en la segunda sección del municipio de Juchitán de Zaragoza, uno de los puntos más dañados por el temblor.
En la localidad se colapsaron 20 mil viviendas, un hospital, una clínica y todas las escuelas, además de que el zócalo de la comunidad prácticamente desapareció. El terremoto también acabó con la sede del ayuntamiento y con el mercado.
Esa noche, cuenta Rosa, “incluso se cayó la bandera que pendía de la Torre Mayor del palacio municipal; un trabajador la levantó de entre los escombros y la volvió a erigir en señal del carácter combativo de los zapotecas-juchitecos”.
CASOS SIN RESPUESTA
A pesar de que el Istmo de Tehuantepec recupera la normalidad, pues seis de cada 10 casas que fueron dañadas se han reconstruido, las quejas por la falta de recursos para los damnificados continúan, así como las acusaciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
La lideresa de la red de vecinos afectados por los terremotos en el Istmo de Tehuantepec, Clara Fuentes, recrimina la acción de los gobiernos federal y estatales y acusa a ex funcionarios tanto de Sedatu, como Rosario Robles, y locales, como Elpidio Concha y Saulo Chávez, de “manipular los censos de los afectados de forma dolosa, al entregar las tarjetas de dinero con fines electorales”.
El terremoto, dice, dañó más de 70 mil viviendas, de las cuales menos de 30 por ciento se ha reconstruido dignamente: “Muchos ya levantaron hasta un cuartito sin piso de cemento, sin repello, sin agua potable, luz y drenaje.
“Es un cuartucho para medio vivir, esa es la situación de la mayoría de damnificados, pero ya no hay para más, la gente ya no tiene dinero; urge un nuevo plan de ayuda”, menciona.
Por parte del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza también hubo manoseo de recursos y entre los responsables señala a la ex presidenta y actual diputada de Morena, Gloria Sánchez, así como a su ex secretario municipal, Óscar Cruz.
Denuncia que hubo contratistas que se quedaron con el dinero de muchos de los damnificados y no pusieron ni un ladrillo, casos por los cuales se presentaron las denuncias.