No solamente el periódico El Debate ha sido blanco de la guerra que se vive en el estado de Sinaloa, perpetrada por las facciones del crimen organizado Los Mayos y Los Chapitos, ya que de acuerdo con la titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Jheny Bernal, se han otorgado 62 medidas de protección tanto por casos de amenazas por parte del crimen organizado, como por funcionarios del gobierno del estado.
Bernal informó que a raíz de las medidas cautelares, 24 personas han resultado beneficiadas, de las cuales siete son defensores de derechos humanos, cuatro periodistas y 13 familiares de estos.
Además, especificó que durante septiembre, fechas en las que comenzaron los hechos violentos, se aperturaron 11 nuevos expedientes, siendo las amenazas la agresión más común, reportada en ocho ocasiones, y adicionalmente, se reportaron casos de obstaculización en la de defensa de derechos humanos, hostigamiento laboral y censura.
Asimismo, indicó que, en nueve casos, los presuntos agresores fueron principalmente personas vinculadas a actividades criminales, y en dos ocasiones, servidores públicos estatales.
Por lo tanto, las medidas que el instituto ha implementado incluyen desde rondines de seguridad, escoltas, instalación de cámaras de seguridad en domicilios y vehículos, hasta atención psicológica y jurídica a periodistas y defensores que se sienten emocionalmente afectados por las agresiones.
No obstante, en el caso particular de septiembre, la violencia obligó a la extracción de un periodista y un defensor de derechos humanos, junto con sus familias, para evitar riesgos mayores.
Balance histórico de medidas emitidas
Desde su creación en 2022 y hasta septiembre de 2024, el Instituto ha emitido 832 medidas de protección, beneficiando a un total de 184 personas, entre ellas 65 periodistas, 85 defensores de derechos humanos y 34 familiares de estos.
Por otra parte, se ha informado que, en 70 ocasiones, los agresores han sido particulares presuntamente vinculados con el crimen organizado, pero también se han registrado agresiones por parte de servidores públicos estatales, municipales y de primer nivel.
Entre las agresiones más recurrentes se encuentran las amenazas, la descalificación a la labor periodística, la obstaculización del trabajo de periodistas y defensores de derechos humanos, así como ataques físicos, censura y privación de la libertad.
ARR