Representantes de pueblos mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, solicitaron al gobierno federal que la Península de Yucatán sea declarada "zona de emergencia socioambiental", y se implementen diversas medidas para detener el deterioro social y ambiental que consideran, afecta principalmente a los pueblos indígenas.
Informaron que presentaron un documento ante la oficina de la Presidencia de la República, la Secretaría de Medio Ambiente, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Urbano Secretaría de Salud y que también será entregado a las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo y al gobernador de Yucatán.
En dicho documento, los representantes de pueblos mayas de la península justificaron la necesidad de establecer medidas urgentes "para detener las graves afectaciones provocadas por un modelo de desarrollo que ha generado pérdidas importantes del territorio y los ecosistemas de la región".
¿Cuáles son los daños que denuncian?
Los representantes de los pueblos mayas enlistaron que entre las principales problemáticas que afectan a la península están, la deforestación, la contaminación del agua, la muerte masiva de abejas y afectación a la apicultura, así como la pérdida de certificación orgánica de la miel por cercanía a granjas porcícolas y avícolas, la pérdida de semillas nativas y del territorio indígena, la ruptura del tejido social y el deterioro de la salud de los pueblos y comunidades.
"Son el resultado de la implementación de diversos megaproyectos que se desarrollan en la península y que, de manera conjunta, están generando una crisis socioambiental sin precedentes cuyos resultados pueden ser irreversibles: la agricultura industrial, incluyendo la siembra ilegal de maíz y soya transgénicas, que ha generado la pérdida de grandes extensiones de selvas y montes"
Además, "la utilización masiva de agrotóxicos (especialmente por el uso de fipronil, neocotinoides y glifosato) que matan a las abejas, afectando la polinización y destruyendo un medio fundamental de subsistencia del pueblo maya".
Destacaron que dichos agroquímicos vulneran la capacidad de acceso a certificación orgánica de la miel y por lo tanto también limita el costo de la miel.
También enlistaron la existencia de más de 800 megagranjas de cerdos y aves, muchas de ellas funcionando sin manifestaciones de impacto ambiental, que contaminan el agua, generan pérdida de masa forestal y contaminación de apiarios.
Además del crecimiento sin control de las concesiones para la explotación de minas, así como la expansión inmobiliaria "que se apropia de la costa peninsular y reduce nuestras comunidades a colonias de las grandes ciudades y que sólo puede entenderse gracias a la colusión de las instituciones agrarias que permite la venta y despojo de ejidos".
Añadieron la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan el manto freático.
"Son sólo algunas de los megaproyectos que están destruyendo nuestro entorno natural, despojándonos del territorio y aniquilando nuestra integridad cultural. Muchas de esas actividades y efectos han sido denunciadas por diversas vías ante las instancias administrativas, judiciales y políticas".
En ese sentido, pidieron a la secretaria de Medioambiente, Alicia Bárcenas, atender como una de sus prioridades la península de Yucatán, pues, aseguran, es la región más deforestada del país y una de las más afectadas por diversos megaproyectos.
"La exigencia de una declaratoria de emergencia socioambiental, parte del análisis conjunto de las consecuencias que las actividades antrópicas señaladas causan en nuestro territorio, es decir se basa en la acumulación de los impactos causados a nuestro territorio y ecosistemas".
Recordaron que el gobierno federal ya ha establecido Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental que se han ido conceptualizando a través del Programa Nacional Estratégico (Pronaces) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes del Conahcyt.
Además, aseguran que varias zonas han sido definidas como “Regiones geográficamente delimitadas que, por razones demográficas, económicas o políticas (industriales, agroindustriales, extractivas y de crecimiento urbano), se encuentran en una situación de estrés sanitario y ambiental extremo y creciente".
Por su parte, la Ley General de Protección Civil también establece la facultad de los órganos que la componen el Sistema de Protección Civil, de declarar estados o zonas de emergencia por daños socioambientales derivados de las actividades antrópicas.
"Existen fundamentos legales para que el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas establezcan medidas que detengan los graves impactos socioambientales causados por los megaproyectos en la península de Yucatán".
Finalmente, piden que "se sume a la declaratoria de emergencia socioambiental que realizamos los pueblos y establezca todas medidas de investigación, sanción y reparación del daño necesarias para revertir la grave crisis que afecta a la Península de Yucatán, y especialmente al pueblo maya", demandaron.
MO